Fue creada en 1950 por decreto del Presidente Juan Domingo Perón. Hoy vuelve a insinuarse la posibilidad de entregar la línea aérea de bandera a manos privadas. Es bueno recordar (audio Ministro Domingo Felipe Cavallo) lo que sucedió con Aerolíneas Argentinas a partir de 1990, cuando sufrió la primera entrega a negocios ajenos a los intereses del país.   

Desde su privatización, en 1990, y hasta el regreso a un ámbito con participación del Estado Nacional, Aerolíneas Argentinas estuvo signada por vaivenes económicos y financieros que, como nunca antes en su historia, la pusieron en varias oportunidades al borde de su desaparición. En Julio de 1990, un año después de la asunción de Carlos Menem a la Presidencia de la Nación, se produce la licitación de Aerolíneas. El grupo ganador estuvo encabezado por la empresa estatal española Iberia con un 20% del paquete accionario, empresarios argentinos como Pescarmona y Luis Zenón, y el propio Estado Nacional que se reservó un 15% en propiedad participada. Pagaron 130 millones de dólares en efectivo, 142 millones en Bonex 89 y 1.610 millones con títulos de la deuda externa cuyo valor real eran 240 millones. El Estado Argentino se desprendía del 100% de Aerolíneas, entregándola a otro Estado, en este caso el Español, algo que después se repetiría con muchas empresas de servicios públicos privatizadas en aquellos años. En 1990 el Estado argentino entregaba su línea de bandera con 11.200 trabajadores, una facturación anual de 1.600 millones de dólares, ganancias por 90 millones, 30 aviones propios, oficinas de representación en las principales capitales del mundo y un reconocimiento mundial que pocas empresas de aeronavegación lograron. Una década más tarde, tras su privatización, le quedaban 5.500 empleados, una flota de 43 aviones alquilados tan solo uno propio, mil millones de facturación anual, una deuda de 850 millones de dólares, y con rutas nacionales e internacionales entregadas bajo el argumento que no eran rentables. El último balance de Aerolíneas Argentinas en manos privadas también dejó constancia que la empresa le debía al Estado $326 millones en cuestiones fiscales y sociales y otros $86 millones por “adelantos” para la operación de volverla a manos argentinas. También hay que sumar otros $210 millones adeudados a un fideicomiso del Banco Nación, de donde salió el dinero para pagar sueldos antes de que el Estado se hiciera cargo del gerenciamiento de las firmas. El déficit de aquella aerolínea fue aún mayor ya que había otras deudas con la AFIP, municipios y juicios pendientes que no estaban contabilizadas en ese último balance del grupo español. El paquete accionario de Aerolíneas se modificaría antes de la entrega formal de la empresa, en noviembre de 1990. Las disputas por la conducción ejecutiva de aerolíneas dejaron accionistas fuera del grupo ganador. Iberia se quedó con el 30% de las acciones y también con el comando ejecutivo. Un dato sobresaliente es que Aerolíneas Argentinas fue entregada a este consorcio limpia de pasivos, es decir sin ningún tipo de deudas y con una yapa Austral Líneas Aéreas.

El consorcio español asumió las riendas de Aerolíneas Argentinas sin haber efectivizado pago alguno. Siete meses después de haber tomado la empresa, en junio del 91, desembolsó 271 millones. Lo hizo tras imponer nuevas condiciones en la negociación inicial. Se firmó un convenio complementario donde el gobierno argentino reconoció reclamos estableciendo que la empresa del Estado español abonaría solo un tercio de los 770 millones originalmente reclamados como por parte de la compra de las acciones. En junio de 1992 se denunció incumplimientos en los pagos de Iberia. El gobierno español ya había iniciado maniobras contables trasladando pasivos de Iberia a Aerolíneas. Fue un grotesco con complicidad del gobierno argentino. Quienes estaban en el Directorio en representación de nuestro país hicieron la vista gorda. Iberia utilizó como garantía de pago para comprar Aerolíneas Argentina, los propios aviones de aerolíneas: 5 boeing 727 y dos 737 con hipotecas de primer grado. Para refinanciar una prenda de 75 millones de dólares se hipotecaron otros dos boeing 747 por 116 millones. El único jumbo que tenía aerolíneas y los aviones de austral, fueron abarcados por otras hipotecas por deudas que Iberia le había trasladado a Aerolíneas Argentinas

En junio de 1992, un grupo de bancos españoles adquirió el 19% de las acciones, fue una operación fijada en 256 millones de dólares que tal como había hecho Iberia un año antes, fueron incorporados a la deuda de Aerolíneas Argentinas. Vales decir que en dos años, la aerolínea privatizada que había sido entregada sin deudas, ya tenía compromisos por 530 millones de dólares. Varios gremios y un grupo de legisladores realizaron denuncias por vaciamiento, estafa y administración fraudulenta, por la  cual, el 5 de junio de 1992,  la jueza Amelia Berraz de Vidal realizó una serie de allanamientos a las oficinas centrales de aerolíneas argentinas, Iberia y un estudio contable. Ante la gravedad de los hechos el gobierno español envió un representante del Instituto Nacional de Industria de España, el ente estatal del que depende Iberia. Como el estado argentino aún mantenía el 15% de las acciones, España desarrollo su estrategia basándose en que la deuda de Aerolíneas, debía ser refinanciada con el respaldo del estado argentino. Los argentinos debíamos asumir las deudas de Iberia empresa perteneciente al estado español.

Domingo Felipe Cavallo, como ministro de economía de Menem, recibió una y otra vez a los representantes españoles que pedían aporte de dinero fresco para mantener a Aerolíneas Argentinas. Lo hacían amenazando con retirarse del negocio, después de haber licuado en la empresa de bandera argentina las deudas de Iberia.  Sin embargo, en 1992, con la crisis golpeándole la cara, Cavallo insistía en hacerle creer a los argentinos que la privatización estaba bien hecha y los argentinos saldríamos beneficiados. En su balance de 1992 Aerolíneas dio ganancias por 46 millones de dólares en la explotación de sus servicios, pero acumuló 128 millones de pérdidas por costos financieros asumidos por las deudas traspasadas desde Iberia. Costos financieros que representaron, ese año, 160 millones entre intereses y amortizaciones.

Ese calamitoso presente y el menos entusiasta futuro que presentaba aerolíneas provocó la salida de varios empresarios argentinos del paquete accionario, obligando al estado nacional a ir adquiriendo nuevas acciones hasta llegar a tener el 43%, a mediados de 1993. Con este marco accionario se planteaba la extraña situación que el Estado argentino, que se había desprendido de aerolíneas entregándola sin pasivos, se adueñaba nuevamente de parte de la empresa con deudas del estado Español. Para empeorar la situación, a principio de 1994 Iberia, con el apoyo de los bancos españoles, logró imponer en la asamblea de socios la aprobación de un aumento de 500 millones de dólares en el capital de la empresa, lo que significaba un aporte de casi 250 millones de dólares por parte del estado argentino. Como Menem se negó a poner más dinero, en marzo de 1994, se firmó un convenio por el cual el estado argentino se quedaba solo con el 5% de las acciones, Iberia ahora lograba el 85% y los trabajadores aglutinados en el Programa de Propiedad Participada tendrían un 10%. La nueva composición societaria no fue él único éxito logrado por los españoles. El acuerdo incluyó la renuncia expresa del Estado Argentino al poder de veto que tiene sobre el manejo operativo de la empresa.

En 1997 American Airline pagó 300 millones de dólares por el 8,33% de las acciones y por poder ejercer la conducción ejecutiva de la empresa. Prometieron la compra de 45 aviones, nuevas rutas aéreas y una inversión de 2 mil millones de dólares en los próximos cuatro años. La administración de American Airline terminó en poco más de un año de gestión con un rotundo fracaso, incrementando el endeudamiento. España volvió a la conducción de Aerolíneas a través del SEPI, Sociedad Española de Sociedades Industriales, con un 68% de participación accionaria. Durante 1999 la compañía perdió 240 millones y gastó 77 millones para pagar intereses de su deuda. En los primeros tres meses del 2000 tuvo pérdidas por 72 millones sumando una deuda total de 843 millones. Ante el cambio de gobierno en Argentina, la estrategia del SEPI fue presionar al Estado para que acepte un nuevo salvataje económico. Trasladó la presión a las calles anunciando 500 despidos que paralizaron a la empresa con medidas de fuerza tomadas por los gremios. Salvar a Aerolíneas comenzó a transformarse en una causa nacional. El gobierno de Fernando de la Rua tampoco encontró respuesta para resolver un conflicto que lo superaba permanentemente. Terminó convocando a Domingo Cavallo para que ocupe, una vez más, el Ministerio de Economía. Los gremios aeronáuticos vieron, con este nombramiento, que la causa por Aerolíneas se perdía.

En octubre de 2001 SEPI le vendió la aerolínea al Grupo Marsans bajo un valor simbólico de 1 Euro y aportó 700 millones de dólares para liberar a la empresa de las deudas que mantenía. Marsans fue una empresa turística de origen, que se incorporó al negocio aerocomercial a través de las compañías Spanair y Air Comet, la primera vendida posteriormente a SAS. Antonio Mata, en aquel momento presidente de Marsans, era un empresario vinculado con el PP que gobernaba España con José María Aznar. Cuando el PP cayó y el Partido Socialista subió al gobierno, Marsans demostró su versatilidad: reemplazó a Mata por su socio Gonzalo Pascual al frente de la firma y colocó al tercer socio al frente de la estratégica Central Española de Organizaciones Empresarias (CEOE): Gerardo Díaz Ferrán, hoy un hombre estrechamente vinculado con el presidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Pero, ni la buena relación entre el gobierno de Zapatero y el de los Kirchner alcanzó para una solución acordada. Los negocios de Marsans (quebró en 2017) tomaron otros rumbos y no pudieron sostener políticas de crecimiento para la empresa. Los conflictos crecieron. El gobierno asumió la entrega de subsidios a tarifas y combustibles para permitir que aerolíneas continúe operando. El fantasma de la quiebra se volvió a instalar obligando a un salvataje del Estado argentino. La respuesta del gobierno de Cristina Fernández fue el primer anuncio oficial que realizó Sergio Massa como flamante Jefe de Gabinete, anunciando que se enviaba al Parlamento el proyecto de reestatización de Aerolíneas Argentinas. El 17 de julio de 2008 se firmó un acta acuerdo entre el gobierno y la empresa, estableciendo las bases de una negociación para el traspaso de todas las acciones de Aerolíneas a manos del estado Argentino. La empresa arrastraba un endeudamiento cercano a los mil millones de dólares.