Sorpresivamente el oficialismo porteño presentó y aprobó en la Legislatura este jueves, solo con una parte de los votos propios, la primera lectura de uno de los proyectos polémicos que había levantado en la sesión ordinaria anterior. Se trata de una excepción que establece, a través de un convenio urbanístico del gobierno de la ciudad con una constructora, la autorización para elevar 140 metros la altura de torres para un determinado proyecto en Puerto Madero. El conflicto por estas polémicas excepciones golpea puertas adentro del gobierno de Larreta ya que, por primera vez, no lo acompañaron en la votación dentro del recinto los 5 diputados de la Coalición Cívica que forman parte del interbloque oficialista. El recuento final mostró 32 votos positivos, 22 negativos y 5 abstenciones.

Larreta logró convencer que levanten la mano a los integrantes de su propio bloque y a quienes responden a Confianza Pública (el partido de Graciela Ocaña), con lo cual sumaba 29 voluntades. Para llegar a los 31 votos necesarios para la aprobación de esta excepción sumó a los dos integrantes de la bancada del socialismo que conduce Roy Cortina, que también integra el interbloque oficialista.

El argumento que sostuvo la diputada informante, Victoria Roldán Méndez (Vamos Juntos), para semejante autorización es que la Ciudad recibirá 2.5 millones de dólares en compensación y la mejora del espacio público a través de la construcción de una plaza que aportará la constructora.

La legisladora peronista María Rosa Muiños (Frente de Todos) le retrucó recordando que se está permitiendo pasar de 9 a 50 pisos, 15 mil metros cuadrados más que representan un plus para los dueños del negocio de 15 millones de dólares. Muiños señaló también que “este proyecto de ley no se ajusta a un convenio urbanístico”. Desde el monobloque del GEN Sergio Abrevaya aseguró que es un disparate lo que están haciendo. Recordó que hace dos años se debatió y aprobó el nuevo código “la discusión de estos convenios desmerece el código urbanístico”. En tanto Myriam Bregman (Frente de Izquierda) definió como un escándalo que en cada sesión se aprueben este tipo de convenios para las empresas amigas. En tanto Gabriel Solano (Frente de Izquierda y los Tabajadores) fue determinante al calificar como “un curro esto” y señalar que “el código (urbanístico) dura hasta que un constructor ofrece dinero y pide más pisos”

Buscando responder las críticas Diego García Vila (Vamos Juntos) defendió el proyecto señalando que no se trata de una excepción, sino un mecanismo necesario que prevén los convenios. “Es una herramienta para acordar la articulación del interés público con el privado. No hay que tenerle miedo a estas herramientas”.

El proyecto ahora tendrá una audiencia pública (ya está llamada para el 27 de noviembre otra similar para exponer sobre la privatización de Costa Salguero), y después volverá al recinto para buscar aprobación en segunda lectura.