En una nueva audiencia en el juicio que se desarrolla por la causa en la que se investigan sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz durante los años presidenciales de Nestor Kirchner y Cristina Fernández, el escándalo estuvo a flor de piel. Es que el ingeniero Justo Pastor Romero, una de las dos personas designadas por el interventor macrista en Vialidad Nacional, Javier Iguacel (foto), para auditar los gastos en rutas construidas, se despachó con una declaración que demuele la acusación principal. “Las obras se hicieron a valores normales e incluso una parte se hizo por debajo de los valores que se utilizaron en otras jurisdicciones del país”, comentó el auditor.

Romero fue más lejos señalando también que la Dirección Nacional de Vialidad fue diezmada durante los cuatro años del macrismo en el poder, abandonando todas las obras en esta provincia, “la gestión Iguacel paralizó las obras y todo se deterioró”, sentenció ante el tribunal.

El testimonio del profesional, que había sido pedido por la fiscalía, fue contundente. “No entiendo cuál fue el razonamiento que hizo el ingeniero en petróleo Iguacel para hacer una denuncia a partir de nuestro informe”, señaló para dejar en claro que Iguacel no tenía una especialidad que lo caracterice para el cargo que ocupaba y distorsionó el sentido del informe que en su momento presentó junto al otro auditor, Martín González Oria.