La diputada nacional Elisa Carrió, apeló a la inmunidad parlamentaria para no hacer frente a un reclamo judicial por daños y perjuicios, iniciado por el administrador general de la Corte Suprema, Héctor Daniel Marchi. Sin embargo, la Sala B de la Cámara Comercial la rechazó entendiendo que negarle la chance a Marchi que reclame un resarcimiento en el ámbito civil por los daños ocasionados «violaría el límite de igualdad ante la ley».

Carrió había denunciado, junto al funcionario Fernando Sánchez, al juez de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y a Marchi el 13 de enero de 2016 por enriquecimiento ilícito ante el juez Sergio Torres. La denuncia no prosperó y fue archivada por «inexistencia de delito». Ante esta resolución Marchi inició una demanda civil y penal.