El recorte de gastos que impulsa el gobierno nacional, tras el acuerdo con el FMI, comenzó a encuadrarse a partir de un decreto específico publicado en el boletín oficial la semana pasada. Atentos a lo que puede representar este ajuste, que los propios funcionarios nacionales vaticinan generará un segundo semestre del año con muchas dificultades, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal y el Jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, están reclamando ser quienes determinen donde se realizarán los recortes que vayan a afectar directamente a sus administraciones. No son los únicos. Uno de los tres poderes constitucionales del país, el judicial, también se puso en alerta. Los integrantes de la Corte Suprema de Justicia han firmado una acordada por la cual se creó un fondo anticíclico con fondos que vienen acumulando desde 2008. Una clara demostración del temor que tienen los magistrados que el gobierno nacional meta mano a esa millonaria caja (algunos la estiman en 15 mil millones de pesos) que tiene el poder judicial.

Vidal tiene por delante conflictos de difícil resolución en el marco de los ajustes previstos. En los próximos días se reunirá con los docentes que reclaman un ajuste del 30% en sus salarios; también deberá soportar los embates de los trabajadores de la salúd pública tras los recortes anunciados que amenazan la normal continuidad de varios nosocomios. La situación de Larreta es bien diferente. La ciudad tiene el presupuesto per cápita más rico del país, permitiéndole una mayor capacidad de movimiento interno de partidas.