Un proyecto de ley presentado por el Defensor del Pueblo, Alejandro Amor, ingresó a la legislatura porteña solicitando garantizar derecho de conectividad en barrios vulnerables ubicados dentro de la geografía capitalina. El proyecto recuerda la vigencia del artículo 31 de la Constitución local que contempla la obligación del Estado en proveer de los servicios de tecnología informáticos y plantea un plazo de 180 días para concretar las obras correspondientes, como el tendido de fibra óptica y las conexiones domiciliarias, para satisfacer esos derechos.

El incumplimiento de este derecho tomó mayor dimensión tras la suspensión, en el marco de la pandemia, de clases presenciales en los colegios porteños dejando a más de 6 mil chicos de barrios empobrecidos sin poder asistir a las clases virtuales que se realizaron en todos estos meses.