Las secuelas que va dejando el escandaloso fallo del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, determinando que solamente podrán exigir vacantes quienes no pueden pagar una escuela privada, ha comenzado a rodar con más fuerza ensanchando la frontera de la indignación en ámbitos políticos, judiciales y de la comunidad educativa.

A los comunicados de repudio contra esta resolución del máximo tribunal de justicia porteño, respondiendo al reclamo de una madre que hace dos años recurrió a la justicia ante la falta de vacantes en la ciudad, le está siguiendo el pedido de juicio político a sus integrantes. El Observatorio de la Ciudad hizo punta con esta acción señalando que el fallo responde a los intereses políticos que impone el gobierno de Larreta, asignando la definición de ser una mayoría automática.

Desde el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos se recogió la iniciativa. La diputada Lorena Pokoik, vicepresidenta de la Comisión de Educación de la Legislatura, adelantó que pedirá el juicio político para  cuatro de los cinco integrantes del Tribunal: Marcela De Langhe, Inés M. Weinberg, Santiago Otamendi y Luis F. Lozano. “Impulsaré las peticiones de Juicio Político a Jueces del Tribunal Superior de Justicia de CABA, por fallar contra el derecho a la educación pública y la violación de la Constitución”, aseguró en las últimas horas para destacar que “la educación pública es un derecho adquirido, y es por eso que en esto hay que ser tajante: No hay lugar para éste tipo de fallos arbitrarios de una Corte adicta que redacta resoluciones judiciales a medida del jefe de gobierno”. Pokoik también aclaró que ningún fallo del máximo órgano judicial de la Ciudad está por encima de la Constitución local ni por encima de la Ley de Educación Nacional. “Vamos a ponerle coto a estos avasallamientos judiciales que atentan contra nuestra democracia”.

El Tribunal Superior de Justicia está compuesto por cinco magistrados propuestos por el Jefe de Gobierno con acuerdo brindado por los dos tercios del total de los miembros de la Legislatura de la Ciudad, en sesión pública especialmente convocada al efecto, y sólo pueden ser removidos por juicio político.