Tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Carla Soggiu, la mujer de 28 años que vivía en el barrio porteño de Pompeya que desapareció el martes 15 de enero, la diputada porteña Paula Penacca (Unidad Ciudadana) presentó un pedido de informes para saber las características técnicas, el protocolo y formas de asistencia para las personas que utilizan los botones antipánico.

En las argumentaciones la legisladora señala que “versiones periodísticas consignan que la Policía habría informado que Soggiu hizo sonar dos veces el botón antipánico que había solicitado después de denunciar a su esposo por violencia de género”. Según consignan varios relatos periodísticos fueron fuerzas de seguridad las que comentaron que la mujer activó el botón antipánico a las 20:07 y 21:14 del día martes. Penacca pregunta, entre otras cosas, “si los agentes intervinientes, tanto de Policía de la Ciudad como de otras agencias si las hubiera, se encuentran capacitados en la temática específica”, y también “si el protocolo incluye pautas para el seguimiento de los casos más allá de la activación en la emergencia”. La diputada también pide información sobre las características técnicas del botón antipánico y del software que lo administra, al destacar que “dispone de un GPS que indicó que estaba en la calle Río Cuarto al 400, cerca del domicilio de Soggiu, pero cuando acudieron la joven no se encontraba allí”. En el pedido de informes Penacca también reseña que “el último estudio de la UFEM, la unidad fiscal especializada en violencia contra las mujeres y personas lesbianas, gays, bisexuales, travestis, transgénero, transexuales e intersexuales, en 2017  la cantidad de femicidios y asesinatos a mujeres aumentaron un 30% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con respecto al año anterior”.

 

 

Las respuestas del estado ante esta problemática siguen siendo insuficientes e ineficientes

El caso de Carla Soggiu genera dudas sobre la  verdadera efectividad del «botón antipánico» que es ampliamente publicitado como una política pública pero no hay suficiente información sobre sus verdaderos alcances. Más allá del caso particular que está siendo investigado por la justicia consideramos que es urgente revisar este mecanismo y evaluar si está cumpliendo con su objetivo preventivo en hechos de violencias contra las mujeres.