La marcha atrás del gobierno nacional con la expropiación de Vicentín, la poderosa cerealera por la que pasa el 8% de las exportaciones de nuestro país, dejó abierta la posibilidad de nuevos caminos para encuadrar su situación. El gobierno de Santa Fe ha tomado la iniciativa para la conformación de un fideicomiso bajando el tono de la intervención estatal, aunque el Estado sea uno de los más perjudicados por la crisis desatada tras el turbio manejo de la agroexportadora.

Vicentín sufrió un desmanejo administrativo que terminó decretando la cesación de pagos en diciembre último después de maniobras que la justicia investiga en estas horas. Más de 2.600 productores fueron arrastrados por la crisis de la cerealera, a lo que se suma el Banco Nación atrapado con una deuda de Vicentin que supera los 300 millones de dólares tras una seguidilla de créditos otorgados, muchos de ellos en el último período de la caótica caída de la empresa con sede en la localidad santafecina de Avellaneda.

Este jueves se realizará la segunda audiencia conciliatoria, convocada por el juez concursal Fabián Lorenzini, en los tribunales de Reconquista (Santa Fe), con la participación de representantes del gobierno provincial y el todavía vigente directorio de Vicentin. El Gobierno santafesino propone la conformación de un fideicomiso para darle continuidad a la agroexportadora, Pero, plantea la lógica necesidad de apartar a los actuales integrantes del directorio de la empresa quienes son los principales responsables de su estrepitosa caída y están involucrados en una causa penal en curso. El gobierno de Santa Fe no plantea quitarle las acciones a los empresarios, pero señalan que es absurdo pensar que quienes fundieron la empresa vayan a sacarla adelante.

«El fideicomiso apunta a que aparezcan los privados, el Estado probablemente ni siquiera tenga mayoría, tendrá una minoría calificada, lo que se busca no es estatizar la deuda sino conseguir aportes privados», declaró a la agencia Télam la titular de la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ) de Santa Fe, María Victoria Stratta quien explicó que el plan propuesto consiste «con las acciones en la mano, salir a buscar recursos» para la operatoria de Vicentin.

En una primera etapa se buscará consolidar la conformación de un fondo fiduciario para la cesión de acciones de la empresa, en el que los acreedores que lo deseen puedan capitalizar sus créditos en participación en el paquete accionario. Esas gestiones quedarán en manos del representante designado por el presidente Alberto Fernández, Gabriel Delgado.

Vicentin entró en concurso de acreedores en marzo pasado y hasta el momento se presentaron créditos para su verificación por unos $100 mil millones, según el expediente. El juez del concurso, Fabián Lorenzini, rechazó los planteos de intervención de la administración de la empresa, repuso a los empresarios en el directorio, y elevó las apelaciones a la Cámara de Reconquista. Tras la audiencia del próximo jueves habrá que esperar la determinación del magistrado para seguir avanzando en la recomposición, o no, del Directorio y los pasos a seguir para recuperar la cerealera.