“No voy a reglamentar la ley, no estará vigente”, afirmó en conferencia de prensa y rodeado por sus colaboradores más directos el gobernador de Mendoza, Rodolfo Suárez. Se refería a las modificaciones a la ley 7722 aprobadas por la Legislatura local la semana pasada permitiendo la utilización de químicos muy tóxicos, como el cianuro, para la explotación minera.

Fue un triunfo de la movilización de los mendocinos que supieron poner límites a la voracidad en la rentabilidad minera que intenta avanzar a costa de riesgos muy altos al medio ambiente y la salud de la población. Para aminorar la marcha atrás dada con el proyecto votando por un conglomerado de fuerzas políticas con representación parlamentaria en Mendoza, Suárez señaló que iniciará conversaciones con distintos sectores y organizaciones que se pusieron al frente de la protesta popular, para buscar consenso en la necesidad de mejorar la actual ley de explotación minera. El gobernador radical también buscó su propia interpretación de los hechos asegurando, “no podemos permitir que los que mienten y los violentos ganen este debate. Con esta reforma, estoy cumpliendo una promesa de campaña. Ahora estoy cumpliendo otra promesa de campaña, que es escuchar y dialogar”. Suarez justificó el riesgo de contaminación ambiental con el pretexto de combatir la pobreza al afirmar, “dijimos en campaña que Mendoza tiene un modelo económico que viene cayendo, con un 40% de los mendocinos debajo de la pobreza. Esto significa que hay personas que no comen y la están pasando mal”.

Las movilizaciones son un distintivo de esta época, no solo en nuestro país, para demostrar repudio a medidas que se asumen a hurtadillas y resultan tan nocivas como antipáticas para favorecer el bien común. En este caso, los mendocinos clavaron un mojón en su historia que servirá de faro para futuras generaciones en el cuidado del medio ambiente.