La determinación del gobierno nacional de congelar precios hasta el 7 de enero para controlar los desbordes inflacionarios, especialmente en la canasta de alimentos, ha logrado consenso en buena parte del empresariado nacional, también en las principales multinacionales. Solo tres tres grupos muy poderosos del sector salieron a dinamitar la propuesta. Se trata de Molinos Río de la Plata, Ledesma y Arcor. Tres empresas regenteadas por familias de larga historia en la industria (Perez Companc, Blaquier y Pagani) quienes, lejos de aceptar congelamiento, están exigiendo la autorización de aumentos en productos considerados de primera línea.

En despachos oficiales no dudan en señalar que esta reacción está más ligada a una posición política que a una necesidad genuina. Las multinacionales han sido mucho más prudentes en este caso. Han advertido que el gobierno se encuentra en una etapa de alta sensibilidad, se siente acorralado en el combate a la inflación y además sumó una derrota electoral en las PASO. Tres meses es un período insignificante para la facturación de estos grupos que, de todas formas, seguirán acumulando ganancias .

Las tres familias tradicionales salieron a dar una batalla distinta. Buscan agigantar el costo político de la determinación que asumió el gobierno. No es la economía lo que los espanta, arrastran una tradición antipopular que supera la reacción lógica que suponen los 90 días sin aumentos en algunos de sus productos.