La propuesta de reforma judicial que anunció el presidente Alberto Fernández este jueves, enviando el proyecto de ley para que se debata en ambas cámaras del Congreso Nacional, se focaliza en siete determinaciones:

1) Creación de la Justicia Federal Penal porteña con 23 nuevos juzgados descentralizando las decisiones que hoy toman 12 jueces en Comodoro Py.

2) Unificación de los fueros penales económicos, unificación de cámaras y creación de fiscalías y defensorías para los nuevos tribunales, previendo la creación de 23 nuevas fiscalías federales ante los juzgados y cinco ante tribunales orales, cada cual con su secretaría, más otras ocho defensorías ante jueces y cámaras, y tres ante tribunales.

3) Transferencia a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de las competencias para investigar delitos no federales cometidos en su territorio, pendiente desde la reforma constitucional de 1994. El gobierno tendrá tres años de plazo para suscribir los acuerdos y convenios necesarios con la Ciudad, que deberán incluir también la transferencia de recursos.

4) Unificación de los fueros civil y comercial con el contencioso administrativo.

5) Fortalecimiento de la Justicia Federal de las provincias sobre la base de un proyecto impulsado por el gobierno de Cambiemos, con 94 nuevos juzgados y 85 fiscalías.

6) Reglas de actuación para garantizar la independencia de los jueces y evitar presiones de grupos de poder.

7) La creación de un Consejo Consultivo integrado por 11 juristas y abogados que ayudarán a «repensar el funcionamiento del Poder Judicial y del Ministerio Público». Comenzará a funcionar el día 18 de agosto de 2020 y deberá cumplir las funciones encomendadas por el decreto, dentro del plazo de 90 días. Los integrantes del Consejo desarrollarán su tarea ad honorem y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos atenderá los gastos necesarios de traslado, movilidad y hospedaje de sus integrantes, en caso de resultar necesario

Los integrantes del Consejo Consultivo:

Omar Palermo, titular de la Corte Suprema de Mendoza.

Marisa Herrera, doctora en derecho e investigadora del Conicet, especialista en cuestiones sobre los derechos de familia y sucesiones

María del Carmen Battaini, titular del Poder Judicial de Tierra del Fuego y especialista en derechos humanos.

Raúl Gustavo Ferreyra, catedrático en derecho constitucional. Miembro de la Comisión para la elaboración del proyecto de ley de reforma y actualización del Código Penal.

Carlos Arslanian, exintegrante de la Cámara Nacional de Apelaciones que en 1985 juzgó a las Juntas Militares de la última dictadura.

Ines Weinberg de Roca, jueza del Tribunal Superior de la Ciudad de Buenos Aires y magistrada del Tribunal de Apelaciones de la ONU y fue integrante del Tribunal Penal Internacional para Ruanda.

Hilda Kogan, integra la Corte bonaerense

Enrique Bacigalupo fue magistrado en España y desarrolló una amplia y reconocida carrera académica en Alemania, y tiene doctorados en varias universidades de Europa y Latinoamérica.

Claudia Betriz Sbdar, titular de la Corte Suprema de Tucumán

Carlos Beraldi, asesor del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo y catedrático de derecho

Andrés Gil Domínguez, subsecretario de Asuntos jurídicos de la Universidad Nacional de Buenos Aires, completan este consejo.