Un proyecto de re-urbanización del Barrio «Padre Carlos Mugica», donde viven aproximadamente 40 mil personas, su integración con el resto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la radicación definitiva de sus habitantes en un hábitat adecuado, en el marco de las disposiciones de la Ley N° 3.343 sancionada en 2009, se debatió este lunes en la Comisión de vivienda de la Legislatura Porteña.

El salón presidente Perón del Palacio Ayerza , donde se desarrolló el plenario, quedó chico para la cantidad de vecinos que asistieron, claramente divididos en dos grupos. Uno apoyando la propuesta bajada por el Poder Ejecutivo, el otro quejándose por la falta de participación de los vecinos en la misma. Argumentos que servían también para dirimir rencillas internas entre grupos antagónicos que conviven en el Mugica. «Habíamos convenido que seria una reunión informativa. Se contestaron todas las preguntas», definió una vez finalizada la reunión la diputada Lía Rueda (Vamos Juntos) que preside la Comisión Vivienda, sugiriendo que «algunos pensaron que podrían pudrirla».

La reurbanización del barrio ubicado en Retiro, viene sufriendo avances y cambios sobre la marcha. Algunos de esos cambios están referidos a acciones directas que realiza el gobierno, no contempladas en la ley, como la modificación de la traza de la autopsita Illia o el traslado de del Ministerio de Educación al barrio.

Algunas aristas polémicas que presenta la ley crean zonas de interpretación difusa. Se le asegura la vivienda a todos aquellos que la perderán la actual afectada por el nuevo trazado, la medida incluye a los inquilinos. Pero, no surge en el proyecto como se realizará. Hay mil familias que ya saben que sus viviendas serán destruidas, son las que viven bajo el actual trazo de la Illia. Las dudas sobre su futuro la hicieron conocer algunas de estas familias en el plenario de este lunes. “¿Por qué se bajó de 2500 viviendas nuevas, como estaba en el proyecto original, a 1005?”, le preguntó la legisladora radical Patricia Vischi (Evolución) al funcionario del Ejecutivo Diego Fernández, encargado de explicar la propuesta que buscará tener dictamen en semanas más, para ser sancionada en el recinto antes de fin de año. Fue quien explicó los beneficios de la propuesta que contempla dotar al barrio de los servicios públicos, infraestructura y equipamiento comunitario necesarios; se readecuarán las viviendas para alcanzar estándares de habitabilidad apropiados; se brindará a la totalidad de los habitantes del barrio seguridad en la tenencia de las viviendas que ocupen, y en ningún caso la incapacidad de pago será un obstáculo para garantizar este derecho.