El bloque Cambiemos en la Cámara baja se encuentra en un dilema que deberá resolver en los próximos días. La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el procesamiento con prisión preventiva y pidió el desafuero de la diputada macrista Aída Ayala, que está imputada en una causa por “asociación ilícita” y “lavado de dinero” bajo la gestión que encabezó como intendenta de Resistencia.

Según se expide el Tribunal, que negó el pedido de excarcelación realizado por Ayala, los «delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de deberes de funcionario público en calidad de coautora, y lavado de activos, agravado por habitualidad, ser miembro de una banda y funcionario público, en calidad de coautora, todos en la modalidad de concurso real». La disyuntiva de los diputados oficialistas es que deberían tener el mismo comportamiento cuando  acompañaron el desafuero de Julio de Vido el año pasado cuando fue requerido por el juez Claudio Bonadío. De hecho no lo tienen. Con el ex Ministro de Cristina Fernández  hicieron un tratamiento ultra rápido para expedirse. Ahora, van demorando la determinación basándose en el plazo legal de 180 días que tienen para concretar el pedido de la justicia.