La Justicia investiga al Gobierno nacional sospechando que ha implementado un plan clandestino de subsidios a desocupados a cargo de punteros del oficialismo con la intención de captar votos. La jueza Federal Servini de Cubría y el fiscal Di Lello tienen a cargo la causa que tuvo una primera denuncia formal del Frente de Todos tras una investigación periodística realizada por el periodista Mariano Martín para el diario Ámbito Financiero. La jueza ha emplazado al Ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, para que dé cuenta de la resolución que dio origen al programa de pagos, intimándolo a que suspenda la entrega de bonos por cinco mil pesos gracias a una normativa que habilitó un presupuesto de 650 millones de pesos para el pago por única vez de unos 114 mil bonos. Se supone que esos bonos están destinados a personas desocupadas con DNI y constancia de CUIL que no percibieran otro ingreso formal. Diversos intendentes opositores denunciaron que en sus distritos estaban bajando estos recursos para captar fiscales en una maniobra de clientelismo político. En las próximas horas el ministro Sica deberá presentar una respuesta al planteo judicial.