Una determinación judicial dispuso la intervención plena del Correo Argentino, administrada por la familia Macri, y el desplazamiento total de sus directivos. Así lo señala un fallo de la jueza Marta Cirulli dando curso a un pedido solicitado por el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, y la fiscal ante la Cámara en lo Comercial, Gabriela Boquín, luego que fracasaran las propuestas de acuerdo de pago acreedores.

La magistrada tiene evidencia que “el proceder que viene evidenciando Correo Argentino SA resulta esquivo e imprevisible”, arrojando un manto de duda sobre el comportamiento que puede tener el grupo que desde hace 18 años mantiene una deuda multimillonaria con el Estado Argentino.

El grupo Macri se quedó con la administración del Correo en 1997 con la promesa de abonar 51 millones de pesos (dólares en aquel entonces por el 1 a 1) del que solo pagó un mínimo porcentaje el primer año de gestión. En el 2003 la justicia decretó su quiebra, fallo que fue revocado al año siguiente. En 2009 la causa relacionada con la deuda de Macri con el Estado llegó a la Corte Suprema con un fallo que intimaba al Grupo empresario a abonar sus compromisos.

La demora para concretarlo se extendió lo suficiente hasta llegar al 2015 cuando Mauricio Macri llegó a la presidencia. La deuda por entonces orillaba los 70 mil millones de pesos. En 2017, cuando Macri estaba en los dos lados del mostrador, el Grupo Macri propuso pagar con una quita del 98% de su deuda. Es decir, 296 millones, en 15 cuotas con un interés del 7%. Lo que fue aceptado por Macri desde el Estado. La grotesca operación fue denunciada penalmente, junto a un vaciamiento de la empresa. En la actualidad la justicia está determinando la intervención.