Por Claudio Leveroni

La reforma Judicial está en marcha. Poner en caja al único de los tres poderes constitucionales que no realizó ninguna autocrítica ni modificación estructural desde la recuperación democrática en 1983, no será tarea sencilla. Acaso este enquistamiento sea una demostración de la extraordinaria capacidad de negociación histórica del Poder Judicial, que atraviesa mucho más que los últimos 37 años.

La justicia argentina ha tenido desde siempre un predicamento que la instala como el Poder más débil de los tres que establece la Constitución Nacional, ubicándola siempre a las sombras del poder político dominante. En realidad, es todo lo contrario. Esa mirada victimizante resultó ser una gran fachada que le permitió, en distintas épocas a quienes representaban el Poder Judicial, negociar y mantener en el tiempo una enorme batería de privilegios que van desde el no pago de impuestos, pasando por jueces que se mantuvieron en el cargo hasta que se les antojó, y sueldos extraordinariamente altos reservados para sus más encumbrados magistrados. El privilegio impositivo tiene aristas indignantes. Según un cálculo realizado en febrero último por ANSES, si el Poder Judicial pagara el Impuesto a las Ganancia el Estado podría recaudar $421.000.000 anuales.

Las jubilaciones en el Poder Judicial generan tanta o más indignación que aquella que produce saber que no pagan Ganancias. Los varones en la justicia tienen hasta el 2025 el privilegio de jubilarse a los 60 años, al igual que las mujeres. En marzo último se aprobó una ley que los terminará poniendo, dentro de cinco años, en igualdad con el resto de los trabajadores (65 los varones y 60 mujeres).

En el sistema jubilatorio especial del Poder Judicial, entre los que se incluyen jueces y fiscales, suman 5.484 jubilados según registros de ANSES de este año. Tienen un haber promedio de $293.107. El Poder Judicial de provincias cuenta con 1.532 jubilados con un sueldo promedio de $198.504. Quienes han timoneado los intereses de la justicia a lo largo de su historia lograron privilegios únicos que no tienen comparación con ningún otro sector público del trabajo. Los jubilados de la Corte Suprema están al tope de las remuneraciones más altas. Superan los 400 mil pesos mensuales, los más privilegiados entre privilegiados sobrepasan los 700 mil, importe que cobran algunos con acumulación de años de estar en el Tribunal Superior. Hay ex magistrados que pertenecieron a la llamada corte adicta al menemismo, que reciben ese monto, sus hijos son fervientes militantes liberales y anti estatistas. Entre tanto privilegio, lo cierto es que el sistema jubilatorio especial del Poder Judicial genera un déficit de $9.200 millones por año, faltante que se cubre con las jubilaciones de los que menos cobran en el sistema de reparto.

El gran interrogante de estos días es saber si se podrá encarar una reforma judicial que supere las mezquindades de una corporación judicial que recibirá argumentos de grupos mediáticos opositores y de la cada vez más desacreditada alianza de la derecha argentina.

Un dato a tener en cuenta para esta pulseada es lo sucedido cuatro meses atrás, cuando el parlamento debatió y terminó sancionando una ley que limitó una pequeña parte de ese lote de privilegios acunados desde siempre por el Poder Judicial. En esos días fueron muchos los magistrados que salieron a defender los privilegios del sector. Amenazaron con desplegar una catarata de renuncias y dejar vacantes infinidad de juzgados generando un colapso en la atención de causas. Finalmente, no ocurrió, fueron menos de 20 los funcionarios que se alejaron. Mostraron los dientes.

¿Será posible prescindir en el debate por la Reforma Judicial del estilizado manejo histórico que han tenido los representantes del Poder Judicial en defensa de sus propios intereses? Un sector que en su recorrido histórico alcanzó mejoras corporativas sin calidad institucional.