En marzo de 2018 el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi realizó un operativo en el Ministerio de Energía y Minería, a cargo en esos momentos de quien fuera CEO y accionista de Shell Juan José Aranguren, para hacerse de documentación que le permita investigar si empresas vinculadas al grupo Macri se beneficiaron con información privilegiada en la venta de seis parques eólicos.

La información había sido publicada dos meses antes por el diario Perfil, detallando que el grupo Macri, a través de su empresa SIDECO definida como nave insignia del Grupo, había comprado en 2016 sin licitación un parque eólico construido y otros cinco por construir y explotar, por casi 26 millones de dólares (25,8) ubicados en la provincia de Chubut. Seis meses más tarde esos mismos parques fueron revendidos en 95 millones de dólares, obteniendo en ese corto período una ganancia de poco más de 69 millones de dólares.

Tras la información publicada por Perfil, basada en una investigación de la periodista Emilia Delfino, los legisladores Rodolfo Tailhade y Martín Doñate hicieron una presentación judicial acusando a funcionarios nacionales de favorecer de «manera ilegal» al grupo empresario de la familia presidencial.

La maniobra, que podría configurar delitos contra la administración pública, se transformó así en una causa judicial que recayó en el Juzgado Federal 8 a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi y la fiscalía federal N° 3 que tiene al frente a Eduardo Taiano.

Hace pocos días el juez recibió información oficial desde Estados Unidos relacionado con el movimiento de dinero de cuentas bancarias utilizadas para realizar esas operaciones. En la operación de compra participó el jugador de Boca Carlos Tévez y otro ex integrante de este club, Guillermo Barros Schelotto. Entre ambos sumaron el 70% de la inversión inicial para comprar los parques eólicos junto a SIDECO, la empresa mandante de la familia Macri.