Se avecinan tiempos de reformas en los procesales penales en la justicia argentina. Cambios relacionados a los tiempos políticos, al descrédito judicial y también a la necesidad de proponer modificaciones que, puertas adentro, están reclamando quienes integran este poder constitucional y son críticos de las enormes presiones que recibe del Ejecutivo Nacional.

Se vienen desarrollando no pocas reuniones entre jueces cercanos al gobierno nacional con altos funcionarios del Ministerio de Justicia, puliendo acuerdos para implementar cambios en los procedimientos penales. Según detalla este sábado el diario La Nación “el martes pasado el ministro de Justicia, Germán Garavano , visitó en el Palacio de Tribunales a tres miembros de la Corte: Lorenzetti, Elena Highton y Horacio Rosatti. El clima fue algo hostil con Garavano después de sus críticas a la acordada que le negó la habilitación al tribunal oral que iba a juzgar a Cristina Kirchner, un tema que todavía no está terminado”. Este cónclave, que revela el matutino porteño, representa un movimiento del gobierno nacional buscando frenar la reacción en cadena que está teniendo el poder judicial en las causas penales que sectores de la oposición denuncian como una persecución que termina generando presos políticos. Con esta definición acuerdan muchos jueces y fiscales no alineados con las políticas que surgen desde la Rosada en su intento de condicionar la dirección de los fallos judiciales. Días atrás, el ex miembro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, destacó que la interpretación de los cambios en los fallos judiciales es simple “los gobiernos cambian, los jueces se quedan”. Es una lectura ligada a la reacción de los hombres de la justicia sobre el tiempo que comienza a atravesar el gobierno nacional en el año previo a las elecciones presidenciales.