El legislador porteño Gabriel Solano, del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, presentó un proyecto de resolución en el parlamento de la ciudad buscando saber cuál es el volumen de dinero que el Estado de la Ciudad financia a los credos religiosos, y en especial a la Iglesia Católica. “Se trata de un volumen de centenares de millones de pesos tan solo a la Iglesia católica”, explica el legislador. “Las 238 parroquias de la ciudad no pagan ABL. La Universidad católica, que debería abonar 8 millones al año, tampoco lo paga. El servicio eléctrico de la Catedral de Buenos Aires, lo paga la ciudad por una ordenanza vigente desde la administración del gobierno de Osvaldo Cacciatore (1976-1982) durante la dictadura, que está vigente. Ninguna de las actividades económicas de la Iglesia tributa Ingresos Brutos, ni siquiera lo hacen aquellas que realizan tareas comerciales como la Clínica San Camilo”. A través de este proyecto se le pide al gobierno de la ciudad que informe cuantas y cuáles son las propiedades de las entidades religiosas y el régimen de exenciones impositivas que son beneficiarios. Solano afirma que “existe una transferencia enorme de recursos que le da poder material a una Iglesia que los utiliza para defender sus intereses, de manera oscurantista, como se comprobó en la lucha por el aborto legal”.