El 22 de noviembre quedó instalado formalmente en Argentina como el Día nacional de la gratuidad de la enseñanza universitaria. Lo es recordando que en 1949 el presidente Juan Domingo Perón (foto) firmó el Decreto 29.337 suspendiendo el pago de aranceles que regía hasta entonces para poder acceder a estudios universitarios.

Desde entonces el carácter gratuito de la universidad argentina conforma uno de los pilares fundamentales del sistema de educación superior del país, condición que se integra con la autonomía, las funciones de enseñanza, investigación y extensión y su implicancia para el desarrollo humano, democrático, productivo y tecnológico de la Nación.

Tras la determinación asumida por Perón la universidad comenzó a recibir masivamente camada de estudiantes hijos de obreros que no habrían podido acceder a estudios universitarios de haberse mantenido el arancel que regía hasta entonces. En 1945 los claustros universitarios en Argentina contenían a 47.000 estudiantes. En 1955, cuando Perón fue derrocado por un golpe cívico – militar, había 138.000.

El camino del elitismo a la inclusión comenzó con la Reforma Universitaria de 1918 caracterizado por un anhelo inconcluso. Sus protagonistas cuestionaron el carácter arancelado y elitista del ingreso a las instituciones públicas: solo las clases altas y medias acomodadas podían estudiar. Durante los años 30 y 40 distintas expresiones estudiantiles, docentes, culturales y políticas militaron activamente para democratizar el acceso a la educación superior.

Con la llegada de Perón al poder la democratización se hizo plena. Retomando el anhelo de los reformistas, el Primer Plan Quinquenal Justicialista (1947-1951) planteó que el Estado instauraría la gratuidad de la universidad para los estudiantes de bajos ingresos.

En 1949, producto de la organización de un nuevo Estado social de derecho y planificador, se estableció la gratuidad universitaria y el compromiso gubernamental para su financiamiento. Ese mismo año se fundó el Ministerio de Educación de la Nación en reemplazo del de Justicia e Instrucción Pública.

Finalmente, la gratuidad de la universidad en la República Argentina se alcanzó con el Decreto Presidencial N° 29337 el 22 de noviembre de 1949. Un aspecto fundamental es que se comprometió al Estado nacional a dotar a las universidades de los recursos complementarios necesarios para alcanzar dicho objetivo.

En 1954 se aprobó la Ley orgánica de universidades (14.297), que fue la primera norma propiamente educativa sancionada por el Congreso de La Nación que incluyó taxativamente la gratuidad universitaria.

Como resultado de la sanción de la gratuidad universitaria, la matrícula estudiantil aumentó exponencialmente año tras año, hasta llegar a 487.389 estudiantes en 1975. A fuerza de persecución a jóvenes las inscripciones descendieron en forma abrupta en 1976 con la irrupción del golpe cívico – militar más sangriento del siglo XX en nuestro país. Cayeron, ese año, a 386.743.

Resulta vital, para sostener este derecho, un estado de concientización permanente en nuestra sociedad. En la actualidad, y ante el peligroso avance de una derecha retrógrada, hay sectores conservadores que niegan la posibilidad que los hijos de los sectores más empobrecidos accedan a estudios universitarios. Así lo manifestó, en el recordado discurso de junio de 2018 ante socios del Rotary Club, de la ex gobernadora María Eugenia Vidal asegurando, “nadie que nace en la pobreza en la Argentina hoy llega a la universidad”. A esta falsa afirmación, que parece esconder un deseo de la ex mandataria provincial, se suman formadores históricos de la doctrina conservadora autóctona. En 2014 un editorial del diario la Nación criticaba la gratuidad universitaria señalando: Si más de medio millón de alumnos pueden hoy asistir a las 40 universidades nacionales es pura y exclusivamente porque nuestra sociedad se encuentra fatalmente atrapada dentro de un sistema impositivo tan regresivo como gravoso, que no sopesa convenientemente el costo de asignar mal los recursos”.