El juez de la Cámara Federal porteña, Mariano Llorens, revocó parcialmente un fallo con el que se había rechazado un planteo de la defensa del secretario privado del expresidente Mauricio Macri para que la causa en la que se investiga el espionaje ilegal contra dirigentes políticos, sindicales, sociales pase de Lomas de Zamora a los tribunales federales porteños, ubicados en la avenida Comodoro Py.

A partir del fallo de Cámara, la jueza Capuchetti deberá enviar un oficio a su colega de Lomas de Zamora para que se inhiba de seguir interviniendo en el expediente del espionaje ilegal y de ser rechazado ese planteo quedaría trabada la cuestión de competencia que podría escalar hasta la Cámara Federal de Casación Penal.

El camarista de la sala I del tribunal de apelaciones sostuvo que corresponde que la causa pase al fuero federal porteño porque en el territorio capitalino se encuentran las sedes centrales del Poder Ejecutivo Nacional y la Agencia Federal de Inteligencia, desde donde se habrían llevado adelante las investigadas maniobras de espionaje ilegal.

«Las características propias del delito de asociación ilícita conllevan a dilucidar el sitio en donde la presunta agrupación criminal tuvo asiento. Así, si en la base fáctica delineada por los representantes del Ministerio Público Fiscal en Lomas de Zamora se ha señalado la existencia de una organización que desde el Poder Ejecutivo Nacional y especialmente desde la agencias vinculadas directamente a éste, se habría dedicado a realizar tareas de inteligencia o espionaje ilegal, será competente el juez que tenga jurisdicción en el lugar en el que éstos se encontraren», sostuvo Llorens.

«De esta manera y en el mismo sentido que el indicado por el fiscal ante la instancia, ese lugar es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya que aquí están emplazadas las sedes del Poder Ejecutivo Nacional y la Administración Federal de Inteligencia, entre otros organismos con asiento en esta Capital Federal», razonó el camarista.

El fallo de Llorens da la razón a un planteo formulado por la defensa del imputado exsecretario presidencial, Darío Nieto, al que adhirieron otros dirigentes de Juntos por el Cambio que aparecen en el expediente como víctimas del espionaje: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe Diego Santilli y la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, supuestas víctimas del espionaje ilegal.

En el mismo fallo, el camarista Llorens sostuvo que hay una parte de la investigación que no debe pasar a los tribunales porteños y es la de los hechos supuestamente ocurridos en sedes bonaerenses del Servicio Penitenciario Federal –identificados en dicha pesquisa como Legajo 9-, los que consideró escindibles.

La resolución de Llorens -a la que tuvo acceso Télam- revoca un fallo anterior de la jueza María Eugenia Capuchetti, con el que rechazó el planteo de competencia por vía de inhibitoria, tras señalar que «no puede afirmarse que corresponde que la causa trámite ante la justicia federal porteña porque se investigan delitos en múltiples jurisdicciones por lo que corresponde que siga al frente de la investigación el juzgado que ya interviene en el caso».

La causa que tramita en Lomas de Zamora ante el juzgado a cargo del juez Juan Pablo Augé y tiene como fiscales a Cecilia Incardona y Santiago Eyherabie que investigan maniobras de espionaje que habrían ocurrido en Lomas de Zamora pero también en la Ciudad de Buenos Aires, Avellaneda, La Plata y hasta en dependencias del Servicio Penitenciario Federal y del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Entre las víctimas del espionaje ilegal se encuentran también la vicepresidenta Cristina Kirchner; los sindicalistas Hugo y Pablo Moyano; el exintendente de La Plata, Pablo Bruera; dirigentes sociales, religiosos y periodistas, entre otros.

A partir del fallo de Cámara, la jueza Capuchetti deberá enviar un oficio a su colega de Lomas de Zamora para que se inhiba de seguir interviniendo en el expediente del espionaje ilegal y de ser rechazado ese planteo quedaría trabada la cuestión de competencia que podría escalar hasta la Cámara Federal de Casación Penal.