El manejo discrecional de las vacunas que se está conociendo por estas horas en la ciudad de Buenos Aires tuvo una vuelta de tuerca más con la determinación del juez federal Ariel Lijo ordenando allanamientos en el Ministerio de Salud porteño y también en un local de la Unión Cívica Radical donde se sospecha funcionó un vacunatorio a cargo de una funcionaria y ex legisladora porteña.

El procedimiento se enmarca en la denuncia presentada por la abogada Natalia Salvo, constituida como querellante en la causa donde se investiga las firmas de convenios por parte de Rodríguez Larreta con prepagas y obras sociales para la entregarles vacunas, que adquiere y distribuye el gobierno nacional, para que se la apliquen a sus socios en detrimento del resto de los porteños que no pertenecen a este tipo de organizaciones.

El fiscal Carlos Stornelli había imputado al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; y a su ministro de Salud, Fernán Quirós; al requerir que se investigue la presunta «privatización» de la vacunación contra el coronavirus en el distrito, luego de que se suscribieran convenios para entregar dosis a algunas obras sociales y empresas de medicina prepaga para uso exclusivo de sus afiliados.

El vicejefe de gobierno Diego Santilli, salió a cuestionar las denuncias al señalar que «la vacuna llega a quienes más la necesitan, sin privilegios. En la Ciudad seguimos vacunando a los adultos mayores de 80 años que se anotaron para recibir la primera dosis. Respetamos el plan de vacunación sin saltear etapas».