Por Claudio Leveroni

Las instantáneas de estos días muestran cara y contracara del escenario social en que vivimos. Un contraste que pocas veces se puede ver con tanta crudeza como la observada en los dos desalojos ordenados, en distintas causas, por la justicia. Uno, en un casco de Estancia de Entre Ríos; el otro, en un vasto terreno de Guernica. La opulencia casi obscena de un lado y la pobreza extrema del otro. Dos derechos consagrados por la constitución Nacional confrontados, el de la propiedad privada y el que determina la vivienda digna. El primero de ellos volvió a mostrarse como el más representativo del poder real.

El conflicto de Entre Ríos podría encuadrarse en un marco estrictamente familiar si no fuera por la aparición en escena de Juan Grabois y el proyecto agrario que respalda rotulado bajo el nombre del prócer uruguayo. De no ser por este grupo, que alienta una propuesta de lucha contra un modelo de siembra y distribución de tierra, la crisis de los Etchevehere alcanzaría una altura merecedora de ser tapa de una revista dedicada a las frivolidades. Como corolario de esta nueva etapa del largo conflicto familiar el proyecto Artigas logró una extraordinaria visualización. Dolores deberá seguir recorriendo esa lucha judicial, que ya lleva 11 años, con sus poderosos hermanos por una herencia que acumula muchos millones.

Lo sucedido en Guernica muestra una arista bien distinta a la entrerriana. Nos hunde en la pobreza más extrema que soportan miles de argentinos. No es difícil imaginar que en manos de un gobierno neoliberal la toma de tierras no hubiese durado más de 100 días. El gobierno que integró Etchevehere no habría tenido contemplaciones, los pobres a su pobreza corridos a palos.

Un desalojo de estas características bajo gobierno peronista es una postal difícil de asumir. La justicia se mostró poco dispuesta a aceptar más dilaciones en la recuperación del terreno. Nos tendríamos que preguntar el porque. También revisar la actuación de los sonrientes fiscales que hozaron sacarse una autofoto (selfy) en el medio del predio cuando se procedía al desalojo.

El ministro bonaerense Andrés Larroque se instaló en el lugar y activó, con un numeroso grupo de colaboradores, soluciones. El censo inicial, con las imperfecciones entendibles por las circunstancias en que se desarrolló, dio 1060 ocupantes. En el tiempo intermedio que hubo entre las dos postergaciones judiciales del desalojo, se arregló la situación con 736 familias. En medio de ellas la oposición se encargó de retroalimentar el odio de clase denunciando lo que no era cierto, que le estaban dando 300 mil pesos a cada familia desalojada. Patricia Bullrich desde la estancia de los Etchevehere en Entre Ríos, se encargó de tabicar odiosas comparaciones. Afirmó, engañosamente, “un policía que gana 30 mil va a desalojar a quienes reciben 50 mil”. Una farsa para mantener vivo el odio de los aspirantes a clase alta hacia los que nada tienen.

El Gran Buenos Aires tiene su propia particularidad. Es una franja que se superpobló en las últimas décadas. Lo ha hecho en un ritmo muy acelerado y sin el acompañamiento necesario de obras públicas ni viviendas sociales. Una comparación con la Capital Federal muestra con crudeza esa tendencia. Según el censo de 1960 la ciudad de Buenos Aires tenía 2.966.000 habitantes, mientras que en el último (2010) había descendido a 2.890.000. La cantidad se mantuvo inalterable en los últimos 60 años. Esa estabilidad poblacional más los altos ingresos que tiene la administración porteña deberían haber sepultado definitivamente la pobreza en su ámbito geográfico.

El conurbano presenta un escenario opuesto. La Matanza pasó de 401.000 (1960) a 1.775.000 (2010); Lomas de Zamora, de 272.000 a 616.000; Florencio Varela, de 41.700 a 426.000; Merlo, de 100.000 a 528.000; Almirante Brown, de 137.000 a 553.000; Moreno, de 52.000 a 452.000. En la sumatoria de todos los municipios que integran el GBA, se pasó de 6.730.000 a 12.800.000. Cifra, esta última, que en la actualidad debe estar muy por encima atento a que se trata del censo de 10 años atrás.

Con este volumen de crecimiento resulta imperioso mantener el paso acelerado en las obras que llevan servicios y en la creación de unidades habitacionales. Los cuatro años de Macri representaron un brutal retroceso en este sentido. Solo 2 mil viviendas se entregaron en ese período, desacelerando lo que venían del período anterior. Entre 2009 y 2015 hubo 6.700 unidades entregadas.

Kicillof lanzó una promesa muy ambiciosa para su período. El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat que impulsa la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de 91 mil lotes con servicios. Colocó la vara muy alta, no cumplirla atentará contra su crecimiento político. En el mientras tanto debe lidiar con la necesidad extrema como se expresó en Guernica. Debe hacerlo por encima de la manipulación que realizan sectores de izquierda radicalizados que fogonean el conflicto para que nunca se cierre. El testimonio, volcado en crónicas periodísticas, de varios vecinos que ocupaban casillas en el lugar da cuenta que no sabían de las propuestas que estaba ofreciendo la provincia. Les escatimaron información para mantenerlos en la toma. Las soluciones propuestas fueron de todo tipo. En algunos casos se les dio lotes provinciales dentro del municipio (Perón), en otros el pago de alquileres por un tiempo determinado, también hubo quienes recibieron materiales para hacer o concluir viviendas en predios propios.

El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, no quiso extender el plazo para el desalojo. Hubo pedidos, en esa dirección, del gobierno provincial y de diferentes organismos no gubernamentales. Más allá del núcleo duro que se mantuvo intransigente ante toda oferta para retirarse, no había otra urgencia que atender. Parecía lo más prudente seguir extendiendo el plazo y las negociaciones. Fuentes judiciales le comentaron a este cronista que el juez tomó nota que, si bien se había logrado descender la cantidad de familias, otras nuevas se iban incorporando a la toma. El dato resultó determinarte para poner fin a la misma ordenando el desalojo.