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El senado aprobó restitución de fondos a las provincias

El senado aprobó este viernes la transferencia de las fuerzas de seguridad, y sus fondos, a la ciudad autónoma de buenos aires. Con la ausencia de la oposición, que se retiró al momento de la votación, el cuerpo aprobó la iniciativa enviada por el ejecutivo. También modificó la denominada ley de economía del conocimiento que contaba con media sanción y que ahora debe regresar a diputados.

La senadora por Santa Fe, María de los Ángeles Sacnun (Frente de Todos) fue la miembro informante del Convenio de Transferencia de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  La legisladora cuestionó un decreto del gobierno anterior que “llevó el coeficiente de coparticipación del 1.40 al 3.75”. Sostuvo que “esa triplicación carece de cualquier tipo de informe técnico, económico y fiscal. Estos decretos, por tanto, violentan lo que dice la Constitución Nacional ya que contravienen lo que dice el artículo 28 que habla de la racionalidad de los actos de gobierno”. Concluyó su presentación diciendo que “con la derogación del fondo federal sojero nos sacaron a las provincias el 30 por ciento de la coparticipación. Eso se hizo por decreto del Presidente Macri y lo fundamentó en una situación de emergencia”.

El titular de la bancada oficialista José Mayans, abogó por “alcanzar una distribución justa” de los recursos, y cuestionó a los senadores que “defendieron el centralismo porteño”. En ese punto criticó la derogación del fondo de soja diciendo que “Macri le sacó recursos a las provincias y a los municipios”.

Desde la oposición el senador porteño Martín Losteau (Juntos por el Cambio) cuestionó la iniciativa subrayando que no cumple con el artículo 75 inciso 2 de la Constitución Nacional ya “que toda transferencia es con los recursos correspondientes y esto ya lo sufrieron las provincias durante el menemismo”.

El senador por Formosa, Luis Naidenoff (Juntos por el Cambio), se preguntó “por qué los temas que debe definir la política terminan en los despachos judiciales”, y se respondió el mismo “por la ruptura de las reglas de juego democrático”.

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