El 3 de noviembre de 1995, dos tambores cargados con trotyl estallaron dentro de la planta de carga en las instalaciones de Fabricaciones Militares de Río Tercero, provocando una sucesión de explosiones que hicieron detonar tantos proyectiles, como un ataque aéreo promedio contra una ciudad bombardeada durante la Segunda Guerra Mundial. Nueve personas murieron y 300 quedaron heridas, muchas sufrieron amputaciones. Durante dos días estallaron 60 mil proyectiles, incluyendo munición para cañones de grandes dimensiones, que se desparramaron por toda la ciudad provocando la muerte de 9 personas, cientos de heridos, muchos mutilados, y la destrucción de tres barrios.

Para tomar dimensión de la magnitud de lo sucedido en Río Tercero, es bueno recordar que una de las víctimas fatales, un hombre que estaba caminando por la terminal de ómnibus, ubicada a 20 cuadras de Fabricaciones Militares, cayó muerto cuando una esquirla penetro en su rostro. Otra víctima fatal, fue una docente que murió de un ataque al corazón estando a 15 cuadras del lugar. Dos jovencitas, de tan sólo 16 años, que estaban entrando al colegio ubicado a 4 cuadras del polvorín, murieron al quedar mutiladas por una interminable batería de esquirlas que cayeron sobre sus cuerpos. Los 45 mil habitantes de Río Tercero, sufrieron las consecuencias de una batalla inesperada que se prolongó por varias jornadas, y cuando la situación pareció estar dominada, 21 días más tarde, más proyectiles volvieron a surcar el cielo de Río Tercero.

La abogada Ana Gritti, fue la única querellante Penal en una causa que comenzó a instruir, en Córdoba, el juez Federal Luis Martínez. Gritti perdió a su esposo, Hoder Francisco Dalmasso en aquella jornada. Ella, fue de las primeras en sospechar que las explosiones habían sido provocadas, y se transformó en una incansable batalladora para evitar que las investigaciones no quedaran, en todos estos años, en punto muerto.

En 1999, al realizar un informe sobre la primera pericia química realizada en el polígono de Serrezuela, el perito Alfredo Hraste dio su veredicto. Dijo que no fue un accidente. El Juez Martínez, no solo no tuvo en cuenta este informe, sino que además proceso a Hraste. En el 2001 Martínez decidió elevar a juicio la causa imputando a 5 personas de estrago culposo, afirmando que se trataba de un accidente, aunque no podía determinar cómo había comenzado lo que derivó en una sucesión de explosiones. Ana Gritti respondió las acciones del juez recusándolo, lo que determinó que la causa quedara prácticamente inmovilizada por largo tiempo. Lo fue hasta que en septiembre de 2003 Néstor Kirchner recibió a la doctora Gritti. El presidente le anunció que había firmado un decreto ordenando la apertura de los archivos reservados de la SIDE y demás fuerzas de seguridad, en relación a las explosiones de Río Tercero.

Hasta fines del 2003 la causa judicial, se dividía en dos partes. Una tenía a 5 personas imputadas que fueron llevados a juicio oral por estrago doloso y negligencia con las medidas de seguridad en la planta, para combatir un siniestro. En 2014 la justicia condenó a estos 5 ex oficiales del Ejército a condenas entre 10 y 13 años de prisión por “estrago doloso agravado por la muerte de personas”. Los camaristas resolvieron que no había sido un accidente, que el incendio fue intencional y programado.

La otra causa buscaba averiguar cómo se iniciaron los estallidos y el posterior incendio. Se hicieron pericias, en el polígono de Serrizuela, y los peritos de la Universidad Nacional de Córdoba, designados por la Cámara Oral llegaron a una conclusión. En diciembre de 2003 el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba archivó definitivamente la teoría del accidente y ordenó una nueva instrucción sobre la base que la planta fabril fue volada intencionalmente. Uno de los camaristas argumentó en su fallo, que el hecho fue programado y ejecutado por gente capacitada en explosivos y consciente de sus efectos. De esta forma la causa pasó de estrago culposo a estrago doloso con penas de hasta 20 años de prisión.

Las pericias judiciales se encaminaron a demostrar que hubo una deliberada planificación de aquellas explosiones. Se sumaban a declaraciones de trabajadores del arsenal y servidores públicos. Emilio Ostera, supervisor y con 20 años de trabajo en Fabricaciones Militares de Río Tercero, aseguró que 20 minutos antes de que se iniciaran las explosiones, vio una persona con uniforme militar, a la que nunca antes había visto, que caminaba por la zona donde estallaron los dos primeros tambores.

El bombero voluntario Dussan Alacevich, le relato al diario La Nación, que la mañana de las explosiones, ingresó con una autobomba a Fabricaciones Militares. Allí se encontraron con una persona vestida con uniforme, a la que nunca antes había visto, que venía desde el sitio donde se había iniciado el fuego, y les alertó que no había nada que hacer, que se retiren. Minutos más tarde se produjeron las explosiones más violentas en la planta. El presidente Carlos Menem, llegó a Río Tercero pocas horas después que comenzaran las explosiones, y ante la pregunta de los periodistas que lo abordaron desalentó la posibilidad de que se tratase de un atentado. Menem no dudo en afirmar, apenas arribado a Córdoba, que se había tratado de un accidente.

¿Por qué provocar semejante explosión? Lo primero que surgió fue sospechar que el motivo de la monstruosa acción habría tenido como objetivo ocultar las huellas del contrabando de armas realizado desde nuestro país a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. Una causa por la que estuvo seis meses detenido el ex presidente Carlos Menem que llegó a juicio oral en 2008, colocando en el banquillo de los acusados a 18 personas. Las audiencias de ese juicio se desarrollaron en el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 3, en el subsuelo de los tribunales de Comodoro Py. El juicio oral se inició el 16 de octubre del 2008, declararon 383 testigos, muchos de ellos a través de videoconferencia desde distintos lugares del país y del mundo, como Ecuador, Perú, República Checa y Austria. La causa se cerró en septiembre de 2011 cuando el Tribunal Oral resolvió absolver a Menem y a los otros 17 acusados. Al revisar el caso tres jueces de Casación (Ana María Figueroa, Juan Carlos Gemignani y Angela Ledesma) dijeron, en 2013, que Menem era culpable del delito de contrabando y que el Tribunal que lo había juzgado debía fijar la pena, que se estableció en siete años de cárcel y catorce de inhabilitación para ejercer cargos públicos, como había pedido el entonces fiscal Mariano Borinsky. Los tres camaristas de Casación se negaron luego a estudiar un recurso del ex presidente y el año pasado, la Corte resolvió que ello debe ser decidido por tres jueces distintos que no hayan intervenido en el caso.

Ahora, el juez en lo Penal Económico Rafael Caputo resolvió, la semana pasada, declarar clausurada la instrucción del caso y elevar las actuaciones a juicio. El ex presidente Carlos Menem, a los 87 años, será llevado a juicio oral a partir del 8 de julio por contrabando de armas a Ecuador y Croacia cuando era jefe del Estado. Esto sucederá si al actual senador nacional por La Rioja, la Cámara alta le retira los fueros (es necesario una mayoría especial).