«El Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa», destacó el Presidente al explicar el nuevo decreto. Responsabiliza al juez y a los empresarios por lo que suceda con la cerealera e instruye a los funcionarios a que «recuperen los bienes del Estado» comprometidos.

El presidente Alberto Fernández anunció este viernes que firmó un decreto para denegar el DNU que ordenaba la intervención de la empresa Vicentín tras conocer su situación económica crítica que derivo en la cesación de pagos dejando a más de 2.600 productores con las manos vacías y una enorme deuda que incluye más de 300 millones de dólares con el Banco Nación.

“He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado” señaló Fernández al caer la tarde en un twitter desde su cuenta personal, agregando en otro mensaje que, “En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”.

El nuevo DNU deja sin efecto la intervención por lo cual será el magistrado, que no permitió saber cuál es el pasivo de la empresa y se negó a renovar su Directorio dejando a los hermanos Gustavo y Sergio Nardelli y Alberto Padoán argo de la administración de Vicentin. Las mismas personas que llevaron a la agroexportadora a la situación tan límite como sospechosas de maniobras fraudulentas que la justicia federal investiga en la actualidad.

La segunda audiencia de conciliación desarrollada este jueves no logró concluir en un acuerdo. Los empresarios se negaron a alejarse del Directorio. Sobre este punto el presidente señaló que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019«