Un DNU firmado por el presidente Alberto Fernández en agosto del año pasado y aprobado por el Congreso Nacional establece que los servicios de internet y televisión por cable son públicos y esenciales, determinando que representan una Prestación Básica Universal (PBU). A partir de esta resolución es el Estado, a través del Enacom, el que fija la posibilidad de un aumento y de cuánto.

Algunas empresas no han acatado la ley por lo que el Gobierno las está intimando. En las últimas horas lo hizo puntualmente con el grupo Cablevisión pidiéndole que devuelva el aumento cobrado por demás en las últimas dos facturas, cuando aplicó un incremento del 20% y el autorizado fue de 5%, y abrió un sumario para aplicar las sanciones que correspondan.

“Le estamos mandando la intimación a Cablevisón, que fue la empresa que aplicó este aumento, para que no solo devuelva lo que cobró de más en enero, sino que se abstenga de cobrar febrero hasta tanto refacture y lo haga correctamente con el 5% más la devolución del mes anterior”, indicó el vicepresidente del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), Gustavo López.

Además, informó que desde el Enacom se abrió “un sumario para aplicar las sanciones que correspondan”, porque sostuvo que lo que hizo Cablevisión “es un abuso ilegal”.

Desde Cablevisión, ante la consulta de Télam, respondieron que “el aumento informado oportunamente se mantiene vigente”, y explicaron que “la cámara que representa a las empresas del sector, ATVC (Asociación Argentina de Televisión por Cable), ha presentado un recurso administrativo, en defensa de los derechos de sus empresas asociadas”, agregando que “cualquier novedad se informará a los clientes por los canales habituales y de corresponder se realizarán los ajustes pertinentes”, indicaron las fuentes de la empresa.