La presencia del Estado resguardando los intereses colectivos de un país ha tenido otro ejemplo contundente este miércoles en Italia. El Estado de ese país resolvió tomar el control de la concesionaria vial Autostrade per l’Italia (Aspi), tras las denuncias de “graves incumplimientos” del contrato por parte del grupo Benetton, que controla el 88% de la firma y pasará a tener un porcentaje inferior al 10%.

El primer ministro Giuseppe Conte resolvió el ingreso del Estado en la concesionaria vial más grande del país, informó este miércoles un comunicado del Gobierno, como le reclamaban sectores del oficialismo como el Movimiento Cinco Estrellas y de la oposición, entre ellos la derechista Liga de Matteo Salvini.

El grupo Benetton, que hasta hoy tenía el 88% del paquete accionario de Aspi a través de su firma Atlantia, cederá su participación al Banco de Inversión Público CDP, controlado por el Ministerio de Economía, según lo informado por el Ejecutivo.

El grupo empresario había sido señalado como el principal responsable del derrumbe del puente Morandi, que en 2018 provocó 43 víctimas en las cercanías de Génova, y cuyo mantenimiento era administrado por Aspi.

La decisión de Conte, oficializada en la madrugada tras más de seis horas de reunión de Gabinete, obligará al grupo Benetton a desprenderse gradualmente de su participación en Aspi a partir del 27 de julio.

Así, las acciones de Atlantia que hoy representan el 88% del total se reducirá al menos del 10%, según detalles del acuerdo publicados por los diarios La Repubblica y Corriere.