Por Claudio Leveroni
El endeudamiento es uno de los principales problemas que debe resolver el país para retomar un criterio más justo en la distribución de la renta nacional. En eso se encuentran las autoridades nacionales por estas horas. En medio de las cumbres realizadas en Roma y Glasgow, hubo varios tensos encuentros que mantuvieron integrantes del equipo económico que encabeza Martín Guzmán con autoridades del FMI. El propio Alberto Fernández participó en una de ellas, se reunió con la titular del organismo, Kristalina Gergieva.
La deuda es un grillete que encadena la posibilidad argentina de caminar hacia políticas soberanas. No es el único efecto paralizante. La fuga de divisas es igualmente dañina, arrastra una continuidad de medio siglo y se ha multiplicado con llamativa facilidad en todos estos años.
En mayo del año pasado el Banco Central informó una fuga de activos por más de u$s86.000 millones durante los cuatro años de Gobierno de Mauricio Macri. Esa movilidad, que involucró a 6,7 millones de personas físicas y más de 85.000 personas jurídicas, que fueron quienes compraron divisas durante este período, presentó una notable concentración en unos pocos actores económicos. Entre las empresas tan solo el 1% compró u$s41.124 millones y, en el caso de las personas físicas, tan sólo el 1% adquirió u$s16.200 durante este período.
Aunque cuestionadas, por lo dañino que resulta para la economía nacional, estas operaciones no son necesariamente ilegales, aunque presumen la posibilidad de ocultar activos para evitar el pago de impuestos. Según señaló un informe del Indec de junio pasado, hay US$250.374 millones declarados fuera del país. Representan seis veces las reservas actuales del Banco Central (US$ 43.010 millones). El informe detalla que US$41.312 millones corresponden a bienes, propiedades u otros activos físicos que los argentinos tienen declarados en el exterior. Hay más, ya que las cifras oficiales son las declaradas. Algunos especialistas estiman que habría otros US$ 150.000 millones más, en el exterior o cajas de seguridad, sin declarar.
La fuga de capitales reconoce un disparador multiplicador cuyo mojón se instaló a partir de las políticas económicas liberales que impuso la dictadura cívico-militar que irrumpió en el país en 1976. Una investigación publicada por el economista Eduardo Basualdo, destaca que a mediados de la década de los setenta (1975) los capitales locales en el exterior sumaban menos de US$5.500 millones de dólares, mientras que a fines de los noventa (1999) superaban los US$115.000 millones de dólares. Basualdo sostiene que el traslado de activos se facilita a partir de 1978, relacionado directamente con la interrupción del proceso sustitutivo y el predominio de la valorización financiera asentada sobre el endeudamiento externo.
La salida de divisas al exterior no cesó nunca en estos últimos 45 años. Ni siquiera cuando la economía argentina se puso de rodillas ante el neoliberalismo trasfiriendo a manos extranjeras una andanada de empresas estatales consideradas estratégicas para el desarrollo nacional. Los años de convertibilidad impuesta por Domingo Cavallo, y avalada por Carlos Menem, no fueron garantía para retener esa fuga. Durante el período 1993-1998 se llevaron US$ 45.648 millones de dólares.
La última estocada facilitadora para el traslado de activos al exterior la ofreció el 17 de diciembre de 2015 Mauricio Macri. Ese día un decreto dejó sin efecto la consulta y el registro de operaciones cambiarias. Se autorizó la compra de hasta dos millones de dólares por persona y por mes, más tarde fue ampliada a cinco millones y finalmente se liberó de forma ilimitada. Una invitación a sacar el dinero del país que no fue desaprovechada por los grandes tenedores de activos. Durante 2017 se fugaron US$19.164 millones de dólares; en 2018, US$29.079 millones; y en 2019, US$34.818 millones.
Las divisas, llegadas desde el grosero endeudamiento con el FMI, se escurrieron repentinamente. Recién ahí Mauricio Macri, ya en el tramo final de su gestión, puso el cepo que estableció un límite permitiendo solo adquirir hasta US$200.
En septiembre de 2020 una resolución de la AFIP agregó un 35 por ciento de recargo para la compra de los US$200 o de su gasto con tarjeta de crédito en el exterior, a cuenta del Impuesto a las Ganancias. La fuga de divisas mermó algo. El año pasado se fueron US$10.155 millones de dólares.
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