Este jueves la Legislatura Porteña debatirá en sesión ordinaria la reforma del Código Procesal Penal de la Ciudad. Un trámite sorpresivo ya que tuvo despacho de las Comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales recién el último viernes.En tiempos parlamentarios la polémica propuesta, impulsada por el Horacio Rodríguez Larreta, llega al recinto con llamativa celeridad, mucho más sabiendo que el oficialismo cuenta con los 31 votos necesarios para su aprobación.

El proyecto ha generado fuertes críticas, y no solo desde la oposición. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) asegura que la iniciativa propone “medidas especiales de investigación” que, de aprobarse, implicarían afectaciones muy negativas a la privacidad y la intimidad, asegurando que “el proyecto impulsado por el Ejecutivo permitirá: el ingreso remoto a celulares y computadoras, la vigilancia encubierta -incluso por delitos menores y contravenciones- a través de micrófonos y GPS, la manipulación de datos y la eliminación de los rastros del espionaje. A la discrecionalidad de los procedimientos que plantea, el proyecto tal como está redactado impide el control judicial efectivo”. El presidente de la comisión de Justicia Daniel Presti (Vamos Juntos), asegura que con la modificación se busca «estar preparados para las transferencias que están pasando a la órbita de la Ciudad y darle mayor oralidad y agilidad a un código acusatorio como el de la Ciudad, que ya es ágil y oral, pero hay que darle mayor celeridad». El CELS, en cambio, señala que “el proyecto incorpora las figuras de agente encubierto/a, el agente revelador/a, el/la informante y la entrega vigilada, pero sin individualizar los delitos en cuya investigación deberán participar, tal como se hizo con el Código Procesal Penal de la Nación. Estas técnicas tampoco se regulan en forma acabada y precisa”.

El rechazo a este proyecto no es solo del CELS. También expresaron su oposición organizaciones como Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip) y Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre, entre otros.