Continuó este martes el debate en la Legislatura Porteña relacionado al nuevo código urbanístico que impulsa el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta. El proyecto ingresó hace dos semanas al parlamento con la intención de trabajarlo durante todo este año tanto en asesores como en diputados.

La titular de la Comisión de Planeamiento Urbano, Victoria Roldán Méndez, explicó que “en esta primer reunión vamos a tratar son los capítulos uno y dos, este Código tiene diez títulos que están divididos y hace que sea mucho más simple y transparente que el que actualmente tenemos”.  Asimismo, la legisladora oficialista adelantó que “este nuevo Código introduce varias modificaciones, en general lo vuelve mucho más fácil de leer y más previsible” , destacando que “también elimina la cantidad de alturas que había antes, hoy sólo va a haber seis tipos de alturas y van a estar especificadas en el mapa y el cuadro, para que cada vecino pueda leerlo y saber con claridad que es lo que se va a construir al lado de su casa”. El Código vigente data de 1977, época en la cual se priorizó un mega proyecto faraónico que solo dejó dos de las diez autopistas proyectadas por el gobierno del interventor militar Osvaldo Cacciatore, arrastrando una deuda de 780 millones de dólares que terminaron engrosando la deuda externa argentina.

Uno de los principales cambios que propone la normativa que propone el gobierno porteño es establecer alturas máximas de construcción, respetando la identidad de cada barrio. Según expresan en el oficialismo esto dará mayor previsibilidad, y el vecino podrá conocer cuáles son las alturas permitidas para la construcción en su manzana. Habrá sólo 6 alturas máximas -a diferencia del Código actual que contempla 27-, siendo que el 70% de la Ciudad tendrá edificios de menos de cinco pisos y el máximo permitido serán 38 metros, es decir, 13 pisos. Sin embargo, desde la oposición descreen de estas bondades asegurando que no se han realizado estudios ambientales que evalúen el impacto de los cambios. El diputado peronista Javier Andrade asegura que se está improvisando y no se tiene en cuenta las carencias de servicios esenciales, como el agua, que padecen barrios como Caballito.