Por Claudio Leveroni

Al poner en marcha este viernes el Programa Federal de Arquitectura Penitenciaria que, entre otras tareas, realizará obras en varias unidades carcelarias, el presidente Alberto Fernández deslizó, “créanme, celebro este acontecimiento, pero no estoy feliz”. Esa sensación que describe el primer mandatario es un mensaje cargado de mucho contenido que merece ser profundizado.

Cierta vez, en ocasión de una charla con el reconocido abogado penalista Elías Neuman, una duda que anidaba en mis pensamientos dejó de ser tal. Estaba relacionada con el reclamo social que por aquel entonces, varios años atrás, retumbaba en la sociedad desde los medios más masivos de comunicación clamando por la construcción de nuevas cárceles.  “Cada penitenciaría inaugurada es un síntoma de fracaso social”, señaló Neuman para preguntarse cómo es posible que se festeje abrir nuevas cárceles. Más delitos, más delincuentes, más necesidad de robar significa que han fracasado las políticas para lograr una mejor distribución de las riquezas y elevar la calidad de vida de la población.  “La prisión tradicional ha fracasado absolutamente. Es necesario buscar medidas sustitutivas y alternativas. Cuando hay reincidencia, no ha fracasado el preso: ha fracasado el Estado.”

Desde hace varias décadas se alimentó la creencia que la inseguridad se combate con más policías en las calles, más patrulleros, cámaras de seguridad, rejas, garitas, barrios privados y personal de seguridad que engrosan las expensas en miles de edificios. Solo para dar un ejemplo la policía bonaerense pasó de tener 35 mil policías en la década de los noventa a los casi 100 mil de la actualidad. La seguridad pasó a ser ministerio en la nación y en todas las provincias devorando porciones enormes de los presupuestos. Los municipios tienen policía propia esmerilando millones de pesos de sus ingresos.

Con semejante ejército de uniformados el razonamiento simplista nos haría creer que la delincuencia quedó acorralada. Todo lo contrario. Y no es que hayan estado a los tiros matando policías cuando éstos estaban en funciones. Según un informe del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en la Ciudad de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, entre 1996 y 2017, el 74% de los policías muertos en tiroteos ocurrieron no estando de servicio. Un dato que, para resguardar su propia seguridad, debería ser una leyenda en las aulas donde se forman los policías.

Lo que si fue creciendo es la población carcelaria y con ella el hacinamiento que trajo consecuencias de todo tipo. Desde el fortalecimiento de la cultura delictiva de los delincuentes hasta tragedias carcelarias como la ocurrida a mediados de octubre de 2005 en el Penal de Magdalena, cuando murieron 32 reclusos según el informe oficial; o la del penal número 9 de Olmos que en mayo de 1990 dejó 33 muertos; o la Matanza de Sierra Chica bautizada por la prensa como «Los doce apóstoles», ocurrida en Semana Santa de 1996, cuando mataron a ocho internos y a algunos los cocinaron en el horno de la panadería del penal.

Las tragedias carcelarias podrían engrosar un libro voluminoso. Existen muchas más y peores si las medimos por cantidad de muertos, como la revuelta en Villa Devoto de 1978 que culminó con 61 muertos. En casi todas estas tragedias se mezcla la saturación de los internos ante un encierro sin propuestas medianamente contenedoras de educación para la reinserción.

Pese al refuerzo policial, a la inversión privada en seguridad personal, la cantidad de presos en Argentina aumentó casi un 190% en los últimos 20 años. Las cárceles de todo el país pasaron de tener 25.163 detenidos en 1996 a 72.693 de fines de 2015 (sin contabilizar las personas detenidas en comisarías), según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) conocido a principio de 2017. El informe también detalló que el 72% de los detenidos no había alcanzado o pasado del nivel de escolaridad básica. Solamente el 38% contaba con primario completo, el 28% con primario incompleto y el 6% no registraba ningún nivel educativo formal.

Las cárceles bonaerenses son las más pobladas. Según datos oficiales del último informe conocido (2018) había 49.000 internos, de los cuales solamente 23.500 tenían una condena firme. El 61,2% de esos condenados tenían antecedentes policiales.

Con semejante panorama nacional la pregunta que se impone es saber si hay modelos carcelarios en el mundo que muestren que es posible transitar por otros caminos a la hora de reeducar a un individuo para que viva en sociedad. Noruega, Finlandia y Holanda son los más exitosos en la contención y readaptación de condenados. Un relevamiento carcelario del 2016 daba cuenta que el promedio de penas en Noruega es de ocho meses de duración, la mayoría de ellas no supera el año. Solo 94 personas, ese año, estaban purgando condenas en una prisión de alta seguridad. Entre ellos se encuentra Anders Breivik, el responsable en 2011 de la mayor matanza en la historia de Noruega, asesinando a 77 personas. Fue condenado a 21 años de prisión. Holanda cerró 19 de las 60 cárceles que originalmente tenía. Lo hizo en un período de tres años, entre 2013 y 2016. Es cierto que semejante cantidad de penitenciarías resultaba ser un número exagerado que no pocos atribuyen a una compulsión por construir durante los años noventa en los Países Bajos que provocó exceso de prisiones. Pero, también es cierto que su población carcelaria disminuyó un 43% entre 2005 y 2015. Las condenas son acotadas, solo 34 personas purgan reclusión perpetua.

Cerrar prisiones por falta de condenados es algo que no muchos países pueden exhibir como lo hace Holanda. Más insólitamente exitoso resulta alquilar prisiones a otras naciones. Holanda ha logrado un acuerdo con Noruega en este sentido. Recibe 25 millones de euros anuales a cambio de un contrato de tres años con la prisión Norgerhaven, a donde el inquilino envió 242 prisioneros.

En el lado opuesto a estas tres naciones europeas se ubica Estados Unidos. Es el que más dinero invierte en el sistema penitenciario en todo el mundo, y al mismo tiempo registra los peores resultados medidos por recuperación de individuos a la vida en comunidad. Cuenta con 2,3 millones reclusos, un 25% de los que hay en todo el mundo. Es un promedio de 730 reclusos por cada 100 mil habitantes. China, con una población cuatro veces superior a la de EEUU, cuenta con 1,6 millones reclusos. Pese a tener en muchos de sus Estados la pena de muerte y registrar condenas irrisorias por cantidad de años, la población penitenciaria en Estados Unidos se ha duplicado en 15 años, del 2000 al 2015, y si nos retrotraemos a 1980, las cifras muestran que se ha cuadriplicado desde entonces.

Una forma culturalmente brutal de expandir la ignorancia es ocultar estos ejemplos mundiales que pueden servirnos como guía para resolver, con humanismo y dignidad, un conflicto social que ha profundizado un sentido injusto de cómo abordar la justicia en nuestro país.