Por Claudio Leveroni

Semana corta en lo laborable pero intensa en relación a la actividad parlamentaria. El Congreso nacional acumula temas que movilizan a distintos sectores, algunos de ellos impactan de manera muy particular en toda la sociedad.

El próximo domingo el Presidente Alberto Fernández abrirá el período de sesiones ordinarias explicitando los ejes centrales que propone desplegar este año. La deuda externa, con tratamiento legislativo como no lo tuvo en los cuatro últimos años cuando se inundó de deudas al país, la reforma judicial y la interrupción voluntaria del embarazo están en la agenda con particular centralidad. No serán los únicos. El borrador de estas horas incluye potenciar las políticas de la lucha contra el hambre y, también, el anuncio del aumento en las retenciones para la soja, algo que ha puesto en alerta a los productores.

Ante los anticipos de los anuncios presidenciales del próximo domingo hay dos sectores, en particular, que han dado señales de manifiesta contrariedad: Las entidades ligadas al campo y el judicial.

El poderoso núcleo duro del agro tiene antecedentes pesados de su animosidad contra medidas relacionadas a las retenciones. En marzo de 2008 iniciaron un corte de rutas que mantuvieron, salvajemente, durante 129 días en contra de una resolución, la 125, anunciada por un aliado que tienen hoy entre sus filas, Martín Lousteau.  El ex ministro de economía de Cristina Fernández planteó en aquellos días escalonar las retenciones de acuerdo a su cotización. El esquema propuesto por el economista indicaba que la soja tendría una retención del 37% si su cotización sobrepasaba los 400 dólares la tonelada, y un 49% si el precio superaba los 600 dólares. En caso de estar por debajo de 200 dólares la retención sería cero, es decir no existiría.

Hasta entonces las retenciones eran del 20%, porcentaje instalado bajo la administración de Eduardo Duhalde, tras la crisis que estalló en el 2001, cuando la cotización de la soja orillaba los 200 dólares.

Aquellos anuncios de Lousteau alimentaron la hoguera de un odio con historia añeja en nuestro país. La Mesa de Enlace Agropecuaria que agrupaba a las cuatro principales entidades del campo (Sociedad Rural Argentina, Confederaciones Rurales Argentinas, Federación Agraria Argentina y Coninagro) se unieron para boicotear la medida lanzada por el actual senador nacional. Mantuvieron el corte de rutas por cuatro meses, hasta el 18 de julio cuando el senado nacional, tras 18 horas de debate, le dio tratamiento al tema que concluyó con el consabido “mi voto no es positivo” del vicepresidente Julio Cobos, obligado a desempatar ante la paridad que tuvo el proyecto en la cámara alta. Al día siguiente de aquella determinación del parlamento el gobierno anuló la resolución 125.

En diciembre último los grupos del campo más radicalizados y con fuertes lazos con el macrismo, volvieron a mostrar los dientes. Lo hicieron después que el actual gobierno actualizó por decreto las retenciones a la exportación de los porotos y otros derivados de la soja dejándolo en el 30 por ciento y 12 por ciento para maíz, trigo, sorgo, girasol y cebada. En redes sociales mostraron videos quemando plantaciones y defenestrando la figura del presidente Fernández. Cargan odio con llamativa facilidad.

Por el lado judicial, el otro sector que se ha mostrado molesto por las reformas que está adelantando el gobierno, la Asociación de Magistrados ya dio un comunicado criticando el retoque a sus haberes jubilatorios. Este jueves el Congreso discutirá en la Cámara de Diputados el proyecto de ley que modifica los regímenes especiales de jubilaciones para jueces, fiscales y funcionarios ligados al área de Justicia.

La propuesta oficial hace eje en tres cuestiones: 1) La Edad de jubilación que propone aumentar en forma progresiva de los actuales 60 años hasta llegar a que sea 65 años en 2025. 2) El aumento de los aportes sumándoles 7 puntos porcentuales y dejarlo en una alícuota del 18%. 3) Llevar el haber inicial de la jubilación ordinaria equivalente al 82% del promedio de las remuneraciones de los últimos 10 años. Hasta ahora, se toma el 82% del último sueldo que suele ser el más elevado.

Tras la nota contraria a estas medidas la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional advierten que cerca de 350 jueces y fiscales federales, y representantes del Ministerio Público, estarían en condiciones de jubilarse por edad y aportes. Si lo hacen dejarán un vacío enorme que, dadas las características de elección de magistrados, tardaría tiempo en cubrirse provocando una demora resoluciones judiciales.