Un informe que está elaborando el bloque de diputados porteños del Frente de Todos en la Ciudad de Buenos Aires, detalla que suman 36 hectáreas las entregadas por el gobierno nacional a la ciudad de Buenos Aires, durante los cuatro años que estuvo Mauricio Macri en la Casa Rosada. El pormenorizado estudio que será entregado este martes a las autoridades de la Agencia de Administración de Bienes del estado (AABE) destaca que varias de esas hectáreas fueron cedidas a principio de noviembre último, a menos de un mes del traspaso de mando presidencial a manos de Alberto Fernández.

Fue cuando el entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, el ex titular de la AABE, Ramón Lanús, y el CEO de Autopistas Urbanas Sociedad Anónima (AUSA), Carlos Furgoni, firmaron en representación del Estado Nacional un convenio para cederle a la administración de Horacio Rodríguez Larreta tierras fiscales ubicadas en Retiro, La Boca, Colegiales y Villa Urquiza. Ese convenio fue ratificado días más tarde por la Legislatura porteña en la última cesión del año pasado. Otros no merecieron el mismo trato en el parlamento de la ciudad. Por ejemplo, los que avalaban la puesta en marcha de desarrollos inmobiliarios en las playas ferroviarias situadas en Caballito y Palermo. Hubo cuestionamientos por no especificar el porcentaje de espacio público que, según el código urbanístico de la ciudad, debe preservarse en estos emprendimientos. Con aprobación o sin ellas, todas estas cesiones están siendo muy cuestionados atento a una ley vigente que fija que un mandatario no puede autorizar actos administrativos como transferencias de inmuebles dentro del período de seis meses antes de dejar su cargo.

El AABE, a partir del informe que le están enviando desde la Legislatura diputados del bloque del Frete de Todos, estudiará la legalidad de esta cesión de tierras. Un decreto del gobierno nacional publicado en el Boletín Oficial hace pocos días plantea la suspensión de estas medidas hasta tanto se evalúe su legitimidad. Posiblemente, lo que exista detrás de esta situación sea una negociación paralela entre representantes de los poderes ejecutivos de la ciudad y la nación, buscando reacomodar el porcentaje que reciben los porteños por coparticipación federal.