Por Claudio Leveroni

La causa que investiga el juez federal de Dolores Alejandro Ramos Padilla, tras la denuncia por extorsión presentada por el empresario Pedro Etchebest, puede representar la recuperación de valores jurídicos perdidos en los últimos años a manos de un nutrido lote de representantes del poder judicial que destrozaron principios elementales en procesos judiciales. Multiplicando las prisiones preventivas mutilaron la base de sustentación del derecho argentino, aquella que sostiene que toda persona es inocente hasta tanto se pruebe lo contrario, es decir a través de un juicio justo. Los testaferros de la barbarie judicial de los últimos años han resuelto que las prisiones preventivas sean parte de un extorsivo castigo sin que medie justificación para sostenerla. Las detenciones sin condena son utilizadas en varias causas de raíz política, en especial en la reconocida como las “fotocopias de los cuadernos” que lleva adelante el juez Claudio Bonadío tendiendo como fiscal a Carlos Stornelli.

Si en la causa que lleva adelante el juez Ramos Padilla se aplicara el mismo criterio que utiliza la dupla Stornelli-Bonadío, el fiscal debería estar detenido. La acusación es extremadamente grave y las evidencias presentadas no son fotocopias, resultan contundentes para colocar a Stornelli bajo sospecha. Hay videos, grabaciones, capturas de WhatsApp que lo involucran con el principal acusado, Marcelo D´Alessio, quien este domingo está siendo indagado por Ramos Padilla. Stornelli está sospechado de ser parte de la trama extorsiva, pero eso deberá demostrarse en un juicio con las garantías correspondientes. Su detención previa solo alentaría que esa determinación surge desde un revanchismo político, sería tan injusta como las que el propio fiscal ordenó. Lo sería pese a que Stornelli es una persona con poder suficiente como para entorpecer la causa judicial, por lo que podría aceptarse la justificación de una prisión preventiva. Sus aceitadas relaciones sobrepasan el mundillo jurídico, tiene cercana vinculación con el presidente Macri. Los medios de comunicación oficialistas salieron rápidamente a cubrirle la espalda, y uno de los socios principales de la alianza gobernante, Elisa Carrió, puso el cuerpo de inmediato señalando la denuncia de Etchebest como parte de una maniobra opositora surgida desde los lugares de detención de ex funcionarios de la gestión anterior. Una forma de recuperar derechos perdidos en el ámbito judicial es garantizar, en el desarrollo de esta causa, que no existan condenas previo a un juicio justo.