La asistencia a los sectores sociales empobrecidos, ha sido un tema recurrente en la historia de muchas naciones desarrolladas. En la Inglaterra del siglo XVI, existían las leyes de pobres que distinguían a los vecinos de la parroquia – que eran considerados merecedores de la asistencia – y a los extranjeros. Con esta ley los ingleses diferenciaban al «verdadero pobre», merecedor de recibir ayuda del » falso mendigo», que no buscaba más que vivir a costillas de la sociedad. El paso del tiempo marcó cambios de costumbres en la cultura y legislación inglesa. En los albores de la Revolución Industrial, se diferenciaba a los verdaderamente necesitados de los vagabundos y mendigos consuetudinarios, a quienes no se consideraba merecedor de ayuda. En la Reforma inglesa de la Ley de Pobres de 1834, se distinguía entre pobreza y pauperismo. Sostenían que la pobreza era causada no por faltas personales sino por «infortunio»; en cambio el pauperismo, era consecuencia de la indolencia, de hábitos viciosos de una persona. Por lo tanto, los «pauperizados», eran mal vistos, considerados como moralmente deleznables.

A mediados del siglo pasado, en el contexto de las transformaciones políticas y económicas ocurridas, no solo en Inglaterra sino en muchos países de Europa, comenzó a diferenciarse al pobre del trabajador. La industrialización, la urbanización, los cambios en las pautas familiares y en la organización del trabajo generaron nuevos problemas que demandaron un tratamiento diferencial por parte del estado. Los viejos patrones de protección social fueron dando lugar a una nueva institución: la seguridad social que protegía al trabajador frente a determinados riesgos como accidentes de trabajo, vejez o desempleo. Bajo estos nuevos conceptos culturales la sociedad logró crear un nuevo consenso: el trabajador no sólo es merecedor de una ayuda, sino que le asiste el derecho de acceder a determinados bienes y servicios sociales.

Es este marco histórico de evolución los planes sociales representan, además de una ayuda material concreta para los más necesitados, la conciencia social que una comunidad expresa cuando parte de sus habitantes no pueden acceder a elementos básicos para su supervivencia. En relación a nuestro país, hablamos de miles de personas que han vuelto a ser excluidas del aparato productivo. El desempleo y la caída del poder adquisitivo de los asalariados están dejando a más del 32% de la población viviendo por debajo de la línea de la pobreza, lo que representa 14,3 millones de personas según cifras oficiales del INDEC conocidas este mes. Comparadas con un año atrás representan un crecimiento del 4,3% en ese período, es decir 3 millones de nuevos pobres en los últimos 12 meses. Un escalón más abajo están los indigentes que es el 6,7% de la población, casi 900 mil personas que, literalmente, pasan hambre diariamente. Para ellos, los subsidios son mucho más que una bonificación en la tarifa del gas, la luz o el transporte. Significa un pedazo de pan para llevar a su boca. Hasta diciembre de 2015 había un total de 60 programas sociales diferentes, que alcanzaban a más de siete millones de personas. La Asignación Universal por Hijo (AUH) es central en la política social argentina porque está destinada y llega ($2.652 por hijo) a más de cuatro millones de niños y adolescentes vulnerables. Si a la AUH se incorpora quienes reciben Asignaciones Familiares, la cobertura llega a 9.1 millones de menores representativo del casi 88% por cientos del total que vive en el país.

Relevamiento en democracia

Durante el colapso del 2001, cuando la hambruna golpeó como nunca antes, cuando se multiplicaron los casos de chicos desnutridos, el oficio de cartonero abrió posibilidades para, según cifras oficiales, 40 mil personas que ingresaban y salían de la Ciudad de Buenos Aires todos los días. Una multitud empujando carritos y revolviendo basura.

Aunque la pobreza en nuestro país nunca estuvo ausente a lo largo de toda su historia, es fácil reconocer que hubo períodos donde los sectores más postergados tuvieron la posibilidad de acceder a mejores condiciones de vida; como así también hubo otras etapas en donde la pobreza llegó a expandirse hasta llegar a indicadores que nunca nadie hubiese imaginado. No es casualidad que estas últimas fueron siempre bajo gobiernos democráticos o regímenes dictatoriales que aplicaron recetas económicas liberales.

Los planes de ayuda social, con distintas metodologías y formas de aplicación forman parte de la realidad Argentina a partir de 1983. Desde entonces, buscan aliviar padecimientos, pero también esconden situaciones que los transforman en una peligrosa herramienta de manipulación. Las corrientes piqueteras, robustecidas a la par de la crisis que explotó en diciembre de 2001, resultaron ser un verdadero dique de contención en los momentos más dramáticos del estallido. Con el correr del tiempo, muchas, lograron ser más que un canal de expresión de los expulsados del sistema, logrando fortalecer esquemas de organización que permitieron desarrollar emprendimientos de largo plazo, como la construcción de viviendas.

A partir de la terrible crisis del 2001 se fijaron estrategias de contención de estos grupos y un paulatino ingreso al mercado laboral, mantenimiento planes sociales y la no represión de las movilizaciones de este sector. Cuando la economía argentina comenzó a crecer el humor de buena parte de la sociedad fue variando en relación a los más excluidos que se movilizan. Los ahorristas de clase media atrapados en el corralito, los que golpeaban las puertas de los bancos y se solidarizaban con el hambre de los que nada tenían al grito de “piquetes y cacerolas, la lucha es una sola”, se inclinaron a marcar distancias de clase con los piqueteros. El rechazo de los sectores medios se alimentó de conceptos que son indicadores de un no reconocimiento del padecimiento del otro. Una mirada fogoneada por determinados medios de comunicación, que comenzaron a tratar a los pobres que se movilizaban como si fuesen parte de una escenografía ajena a nuestra realidad.

La crisis que estalló en diciembre de 2001 dejó, a más de la mitad de la población de nuestro país, con ingresos ubicados por debajo de la línea de pobreza. No se trató simplemente de una mala gestión del gobierno de Fernando De la Rua. El estallido fue el resultado de un modelo económico liberal que arrancó, por la fuerza, en 1976, y continuó con el apoyo del electorado nacional a partir de 1989. El cierre de industrias, la importación indiscriminada y la revalorización financiera, fueron algunos de los factores que limaron los pilares más sólidos sobre los que se sostuvo, desde siempre, el aparato productivo nacional. La crisis del 2001, marcó un punto límite, al que se llegó después de mucho talar el tronco que representa el aparato productivo. Las villas de emergencia que hoy circunscriben a la Capital Federal tienen, en su gran mayoría, una historia cuyo punto de partida está anclada en los años en los que Martinez de Hoz, hablaba de un país importador, de tasas financieras altas que invitaban a la especulación y no a la producción. Era la Argentina que ponía proa hacia un endeudamiento voraz que no reconocía antecedentes. Mientras este modelo económico estaba poniéndose en marcha, entre 1978 y 1979, surgieron en el Gran Buenos Aires 101 asentamientos”, que ocuparon, aproximadamente, 1.300 manzanas. Barrios poblados por asalariados de bajos ingresos, por desocupados y changarines. Su crecimiento demográfico fue inescrupulosamente veloz. Para fines del proceso militar, 36.400 familias residían en las villas del conurbano, reflejando un estado de emergencia social permanente. Esta herencia que recibió la democracia en 1983, obligó al gobierno de Raúl Alfonsín a desarrollar políticas de asistencia directa e inmediata. Programas que tuvieron como eje principal la ayuda alimentaria.

El primer plan alimentario masivo que se realizó en el país tuvo fuerza de ley. Se trató del Plan Alimentario Nacional, presentado al Congreso Nacional, apenas asumió Raúl Alfonsin, en diciembre de 1983. Las negociaciones con la oposición, que giraban sobre el manejo de las Cajas PAN, hicieron que su aprobación se demorara cuatro meses. La ley fue aprobada el 15 de marzo de 1984, y establecía que esta ayuda se mantendría solamente por dos años. Era el tiempo que imaginaban, las autoridades de entonces, demorarían en terminar con la exprema pobreza. Sin embargo, las cajas PAN tuvieron vigencia hasta el final del gobierno de Alfonsin.

Las primeras cajas PAN se entregaron en abril de 1984, en zonas del gran Buenos Aires, y de las provincias de Misiones y Santiago del Estero. El plan necesitó una inversión de 2.700 millones de australes, el equivalente al 0,12 por ciento del Presupuesto Nacional. Fondos que fueron transferidos directamente del Tesoro. Cada caja PAN contenía alimentos equivalentes al 30% de las calorías mensuales necesarias para un grupo familiar tipo.Dos kilos de harina, leche en polvo, dos kilos de azúcar, dos litros de aceite, tres kilos de fideos, dos kilos de arroz, un kilo y medio de corned beef, lentejas y porotos, fueron los alimentos que traían las primeras 800 mil cajas repartidas entre los sectores más carenciados de la población. Lejos de disminuir, con el correr del tiempo, el número de cajas aumentó hasta llegar a 1.400.000.

Carlos Menem, a partir de 1989, puso en práctica el programa llamado “Bono solidario”, destinado a reemplazar las cajas PAN. Consistía en la entrega de bonos, distribuidos por la CGT, a familias seleccionadas. Bonos que podían ser canjeados por alimentos y prendas de vestir. Para recibirlos era necesaria una declaración jurada que constatase el estado de necesidad alimentaria. Trámite que había que realizar en municipalidades u organismo específicos. El Bono solidario fracasó rápidamente por la forma de distribución discrecional del mismo a través de diputados y senadores. Un fracaso que llevó a que algunas provincias desarrollen planes propios. En 1990, la Provincia de Buenos Aires puso en marcha el Programa Alimentario Integral y Solidario reconocido bajo la sigla PAIS. Estaba focalizado hacia personas que, además de tener las necesidades básicas insatisfechas, no estuvieran cubiertas por otro programa similar. Según datos oficiales, éste plan tuvo 770.000 beneficiarios, que además de ayuda alimentaria, eran alentados a la realización de micro emprendimientos productivos. El programa Pais se mantuvo con un funcionamiento dispar hasta 1994, para ese entonces el gobierno nacional ya había lanzado el Plan Trabajar, para reemplazar al fracasado Bono Solidario. No fue el único. Desde distintas áreas se lanzaron planes de ayuda con características propias.

A partir de 1993, la provincia de Buenos Aires implementó el programa VIDA – Comadres, que tuvo como objetivo reducir la mortalidad materno-infantil. Los alimentos fueron destinados a madres y niños de 0 a 5 años y consistieron en leche, huevos y cereales varios. Este programa se inspiró en la organización territorial propia de los manzaneros llevados adelante en programas sociales de Cuba y Chile. Fue así que se armó una red de voluntarias denominadas “manzaneras” o “trabajadoras vecinales”. Una por cada cuatro manzanas, con la función de distribuir alimentos y hacer una tarea de relevamiento de las distintas necesidades de los habitantes. Según las autoridades bonaerenses de aquel entonces, el programa Vida-Comadres tuvo la participación de 37.000 trabajadoras vecinales, distribuidas en 24 distritos bonaerenses. Necesitó para su funcionamiento, de 180 millones de pesos, el equivalente en su momento, al 50% del presupuesto de un organismo nacional como el Consejo de la Familia y Desarrollo Humano.

El gobierno de De la Rúa apuntó a centralizar los programas sociales que existían al momento de asumir. Eran 65 en total y devoraban, anualmente, 3700 millones, de pesos de los cuales unos 680 provenían de acuerdos suscriptos con el Banco Mundial y el BID. La caída de Fernando De la Rua terminó de correr el telón que dejó ver un país empobrecido como nunca. Ahora también la poderosa clase media, con cacerolas en sus manos y estafada en sus ahorros, lo veía. La hambruna llevó a los saqueos.

En 2002 se puso en marcha un plan de emergencia social y alimentaria. Entre el 4 de abril y el 17 de mayo de ese año, dos millones de personas se inscribieron en el programa Jefes y Jefas de hogar Desocupados para ser asistidos con 150 pesos por mes. Una radiografía argentina de aquel entonces mostraba, según un relevamiento de UNICEF, que más del 60% de los chicos argentinos estaban por debajo de la línea de la pobreza, y 3 de cada 10 directamente en la indigencia. El Plan Jefes y Jefas de Hogar representó para el presupuesto anual del 2004 una erogación de 2.472 millones de pesos, 570 millones más de lo invertido en el 2003. En octubre del 2004 Néstor Kirchner formalizó un cambio en los planes sociales mediante la firma del decreto que reformuló el programa Jefas y Jefes de Hogar. El cambio más sustancial fue el traspaso progresivo al Plan Familias de 750 mil madres con tres o más hijos. Además, se implementó el cobro a través de tarjetas magnéticas con la intención de desalentar la manipulación de los planes. Este traspaso de beneficiarios a otros programas estuvo relacionado a la evolución de los mismos, y a un debate que desde hace tiempo se viene potenciando. ¿Cual debe ser la contraprestación que debe dar quien accede al plan?. Del debate surgió la propuesta oficial de plantear formación educativa a cambio de un subsidio. Es decir, sostener los planes Jefas y Jefes de Hogar, aunque el beneficiario tenga otro ingreso, pero a cambio de horas aula, de cursar estudios. Este razonamiento estaba ligado a los resultados que entregó un informe relevamiento realizado por el Ministerio de Trabajo a mediados del año pasado, donde se señala que tan solo el 38 por ciento de los beneficiarios del Plan Jefes y Jefas de Hogar cuentan con estudios primarios completos, y solo el 14 por ciento finalizó el secundario. La encuesta fue hecha por la Dirección General de Estudios y Formación de Políticas de Empleo, una dependencia de la cartera laboral, que encuestó a un millón de hogares beneficiados del plan de empleo. Este relevamiento arrojó que, en Capital Federal en aquellos años, solo el 37,05 por ciento de los beneficiarios tiene los estudios primarios completos, ese porcentaje trepa al 41,52 en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba es del 26,45 por ciento, en Mendoza del 36,49 y en Santa Fe del 18,12 por ciento. En tanto, los estudios secundarios fueron finalizados por el 13,9 por ciento de los beneficiarios de los Planes Jefas y Jefes de Hogar, de los cuales el 15,63 por ciento son porteños y el 12,12 cordobeses. Bajo el contexto de no cumplir con la contraprestación el mes pasado la Ministra Carolina Stanley anunció la suspensión del pago de 12 mil planes del programa Hacemos Futuro que se conformó con la unificación de Argentina Trabaja (varones) y Ellas Hacen (mujeres). Este plan que cuenta con 400 mil titulares otorga $6.000 mensuales a cambio de una contraprestación laboral.