La situación económica de muchas de las 82 comunas que componen la provincia de Buenos Aires se ha ido esmerilando en los últimos meses aceleradamente. Al compás de la agudización de la crisis los jefes comunales debieron atender prioridades primarias relacionadas con la alimentación de familias pertenecientes a los sectores más humildes. Lo deben hacer sin desatender otras prioridades relacionada a las demandas de la clase media como la seguridad. Desde 2017 la gobernadora María Eugenia Vidal viene efectuando recortes en ese sector. Primero fue con frenar el ingreso de nuevos agentes recostándose en el crecimiento de las policías municipales. Después recortando recursos económicos. Hoy los municipios deben proveer combustible para la movilidad de los patrulleros, además de sueldos y adicionales. El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi (foto), entregó hace pocos días una $ 2.956.038, correspondientes al pago de horas de trabajo adicionales para los agentes de la fuerza. Además, el municipio gasta $ 220.000 semanales en combustible para los patrulleros que circulan por el distrito. La Matanza, el municipio más grande y poblado de la provincia, necesita tres mil agentes para tener una cifra que los lleva a 1 policía por cada 500 habitantes (la ciudad tiene 1 por cada 140). En Escobar, distrito que ya tiene 400 agentes locales, el intendente Ariel Sujarchuk construyó una escuela de formación policial. En Lanús calculan que cada uno de las 35 camionetas policiales que poseen gastan 35 litros diarios de combustible para recorrer las calles del municipio.