La actividad legislativa porteña del 2018 estuvo fuertemente marcada por las iniciativas que envió el Poder Ejecutivo, mucho más que por la impronta de los 60 representantes que conviven en el parlamento de la ciudad. Las leyes más trascendentes sancionadas este año fueron las impulsadas por Horacio Rodríguez Larreta, logrando pasar sin mayor dificultad el tamiz legislativo gracias a la abrumadora mayoría que tiene su espacio político en el parlamento local.

Con el aval solo de los 34 integrantes del bloque oficialista (Vamos Juntos), se aprobaron el nuevo código de edificación y la modificación de otros dos códigos, el urbanístico y el procesal. Más consenso (39 votos) obtuvo la sanción del primer código electoral que, entre otras cosas, le permitirá al jefe de gobierno plantear la fecha de las elecciones para la renovación de autoridades, pudiendo desdoblarlas de la nacional en la medida que lo anuncie con seis meses de anticipación. Otro código que rige los límites de convivencia en la ciudad, el de contravenciones, también fue modificado (40 votos) en 16 de sus artículos. En uno de ellos se incluyó la prohibición de los cuidacoches y limpiavidrios en la ciudad. Otro polémico proyecto que consumió horas en la comisión de educación, aunque sin debate, fue la creación de la Universidad Docente. Una propuesta del Ejecutivo, defendida en soledad en el palacio Ayerza por el titular de la Comisión, Maximiliano Ferraro, que tampoco pudo alcanzar una mínima adhesión de algún bloque opositor. La UniCaba fue ley solo con la voluntad de los 34 legisladores oficialistas y la oposición de los 26 restantes, más la comunidad educativa que se movilizó con insistencia en contra de esta propuesta. La ausencia de la Ministra Soledad Acuña, para argumentar en defensa de la UniCaba, ha sido el desplante más formidable del Ejecutivo al parlamento en el año que se fue. Semejante desprecio no ha pasado desapercibido dentro del propio bloque oficialista. Varios de sus legisladores se encargan de socavar cotidianamente los cimientos de la funcionaria ante los ojos de Larreta.

Los proyectos de ley con tendencia al desarrollo inmobiliario han crispado los nervios de vecinos de numerosos barrios porteños que ven como sus zonas de casas bajas son invadidas por enormes torres. En ese sentido la legislatura viene abriendo puertas para fortalecer esa tendencia. En el bajo de Nuñez, una zona codiciada por los emprendedores inmobiliarios, el predio que ocupaba el Tiro Federal, ubicado en Avenida Del Libertador y Udaondo, fue rematado por $ 5.600 millones (unos 151 millones de dólares), para construir torres de hasta 150.000 m2 y 100 metros de altura destinadas a viviendas y oficinas, aunque del total de la superficie el 65% se deberá destinar a espacios públicos. Detrás de esta operación se huelen muchas más, tantas como se pueda imaginar en un corredor inmobiliario que abarque también las hectáreas linderas que ocupan el histórico Centro Nacional de Alto Rendimiento (CENARD) y el Instituto Romero Brest (antiguo club YPF). Un nuevo murallón de cemento se proyecta ahí quitándole las 13 hectáreas que ocupan actualmente estas instituciones. Durante el 2018 la legislatura aprobó el traslado del penal de Devoto ratificando un convenio celebrado entre la Nación, la Ciudad y la Agencia de Administración de Bienes del Estado, fijando que la cárcel ubicada en Villa Devoto se traslade a Marcos Paz y se avance con la consiguiente rezonificación del predio. Proyectos similares se aprobaron para construir torres en el predio donde estaba el albergue Warnes demolido en 1991, en el parque isla de la Paternal y en el antiguo mercado Dorrego.

En 2018 la Legislatura también sancionó una ley que permitirá la instalación de una planta de tratamientos de residuos secos en el barrio de Saavedra. El proyecto pasó por una audiencia pública. Muchos vecinos hicieron escuchar su queja, no quieren una planta de tratamiento para residuos secos. Los proyectos de urbanización de barrios emergentes fueron centro de debates y movilizaciones a lo largo de todo el año. En el barrio Padre Carlos Mugica, donde viven casi 40 mil personas, se aprobó habilitar un plan de obras que incluye la construcción de viviendas y la conectividad para los servicios, así como también dispone la tenencia de las propiedades mediante planes de pagos. No pocos vecinos de esta barriada entienden que se están entregando estas tierras, alertando que la urbanización que plantea el oficialismo es expulsiva, y abre la puerta para vender los terrenos con la gente dentro.

Quedó también como parte de la tarea legislativa del año que quedó atrás la prohibición de actividades que promueven plataformas como UBER para el traslado de pasajeros, aunque será muy difícil detectarlo. El oficialismo, en soledad, votó la regulación de los juegos de azar on-line y la construcción de locales bajo la autopista 25 de mayo.