La dictadura que irrumpió en 1976, además de destrozar la vida y los sueños de una generación de argentinos, puso en marcha un plan económico que reconoció como un eje altamente significativo, la liberación de los mercados y un fuerte endeudamiento. El modelo resultó ser una trampa para generaciones futuras. El gobierno derrocado dejaba compromisos con el exterior por 7.875 millones de dólares, una deuda poco significativa para los números de la economía Argentina. La apertura económica comandada por Martinez de Hoz produjo un incremento inusitado de las importaciones de bienes que desplazaron a la producción local en el mercado interno. En 1976 las importaciones relacionadas con bienes de capital sumaron 65 millones de dólares. Cuatro años más tarde en 1980, la cifra se elevó a 1.900 millones, agravado por una fuga de divisas provocadas por el turismo al exterior que en ese año fue de 1.500 millones de dólares. El endeudamiento fue el remedio propuesto por Martínez de Hoz para equilibrar tanta fuga de divisas. En menos de 24 meses de gobierno militar la deuda externa argentina se duplicó. Al caer, la dictadura dejó en 1983 una deuda externa de 45.100 millones de dólares. Para llegar a este objetivo fue necesario aplicar una política sangrienta capaz de masacrar cualquier atisbo de oposición. Crearon centros de detención clandestinos donde mataron y torturaron a miles de personas. Hubo decenas de estos campos en todo el país por donde pasaron buena parte de los 30 mil muertos y desaparecidos. Robaron 400 niños, violaron y torturaron a  miles de mujeres y hombres.

Argentina supo, una vez sorteada esta nefasta etapa de su historia, ser portador de un extraordinario mensaje que atravesó fronteras. La historia mundial no reconoce antecedentes similares al hecho que conmocionó a la argentina en 1985: El juicio a las juntas militares. Un acontecimiento notable, que permitió afianzar el estado de conciencia pública acerca de los horrores cometidos durante los años de dictadura. El 10 de diciembre de 1983 los argentinos recuperamos el sistema democrático. Dos semanas después de haber ingresado a la Casa Rosada como Presidente de la Nación, Raúl Alfonsin firmó el decreto 158, por el que instruyó al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que impulse una causa contra los miembros de las tres primeras Juntas Militares del, llamado Proceso de Reorganización Nacional instalado en el país luego del golpe militar del 24 de marzo de 1976. El tribunal castrense se destacó por demorar los procedimientos. Hasta el día 4 de octubre de 1984, es decir más de 10 meses después de haber recibido la orden presidencial, sólo le había tomado declaración indagatoria y dictado prisión preventiva al Almirante Massera. Fue a partir de entonces que la Cámara Federal se avocó al proceso y dispuso el acopio de elementos documentales e informativos, y la remisión de expedientes.

A modo de ejemplo de cómo, desde entonces, se dinamizó el proceso judicial, cabe señalar que se incorporaron, como prueba informativa, alrededor de 4.000 reclamos diplomáticos por los sucesos que motivaron el proceso. La Comisión Nacional sobre la desaparición de Personas, creada por el gobierno nacional para documentar el horror de los años negros de la Argentina, realizó aportes que terminaron siendo buena parte de la base que la fiscalía utilizó para la acusación a las juntas militares. El juicio oral comenzó el 22 de abril, y hasta el 14 de agosto de 1985, se trataron 281 casos de los 709 originalmente ofrecidos por la fiscalía. Fue una galería de testimonios desgarradores. Declararon 833 personas: 546 hombres y 287 mujeres, 64 militares, 15 periodistas, 14 sacerdotes y 13 extranjeros. Se recibieron 80 testimonios a través de exhortos diplomáticos.

Durante los meses en que se celebró el juicio sólo pudieron emitirse por TV algunos segmentos que carecían de sonido. Los argentinos no pudieron escuchar los relatos de las aberraciones que sucedieron en los campos de concentración. Cada jornada del juicio se transformó en un nuevo capítulo capaz de describir hechos que permitían descubrir el lado oscuro del alma. La jornada más extensa del juicio duró 13 horas y 25 minutos, y la declaración testimonial más larga ocurrió el 22 de julio. Ese día, Víctor Melchor Basterra, un obrero gráfico militante peronista que pasó cuatro años secuestrado en la ESMA testimonió durante 5 horas y 40 minutos frente a los jueces.  En la sala, escuchando su relato estuvo Jorge Luis Borges. Impactado por el testimonio de Basterra, Borges escribiría una crónica para la agencia española EFE, en donde señalaba. “De las muchas cosas que oí esa tarde y que espero olvidar, referiré la que más me marcó, para librarme de ella”, sentenció el gran escritor, para transcribir parte del relato de Basterra ante los jueces, de un hecho sucedido un 24 de diciembre. Ese día, “llevaron a todos los presos a una sala donde no habían estado nunca. No sin algún asombro vieron una larga mesa tendida. Vieron manteles, platos de porcelana, cubiertos y botellas de vino. Después llegaron los manjares. Era la cena de Nochebuena. Habían sido torturados y no ignoraban que los torturarían al día siguiente. Apareció el Señor de ese Infierno y les deseó Feliz Navidad. No era una burla, no era una manifestación de cinismo, no era un remordimiento. Era una suerte de inocencia del mal”, escribiría Borges. La cadena de testimonios que desfilaron durante las 17 semanas que duro el Juicio a las Juntas, describieron una sucesión de situaciones emparentadas todas por el horror. Los acusados escucharon los relatos. Allí, sentados, impávidos   estaban siendo enjuiciadas las cabezas más visibles y responsables de aquella sucesión interminable de acontecimientos aberrantes.

En sus alegatos finales los acusados se defendieron. Massera afirmó que se sentía responsable, pero no culpable. Finalizadas las audiencias los fiscales Julio César Strassera y Luis Gabriel Moreno Ocampo expusieron los fundamentos de las acusaciones. Los miembros del Tribunal deliberaron entre el 22 de octubre y el 8 de diciembre de 1985. El 9 de diciembre, el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, León Arslanian, leyó el veredicto. El juicio a las juntas militares fue ejemplificador, un caso único en el mundo. Nunca antes se sentó en el banquillo de los acusados a quienes se apoderaron, por la fuerza, de la suma del poder público en un país. Ni siquiera es comparable al juicio que se les realizó a los jerarcas nazis en Nüremberg, una vez finalizada la segunda de las guerras mundiales. Allí, se necesitó formar, especialmente, un tribunal internacional con leyes especiales. Los comandantes que integraron las juntas, responsables del golpe militar de 1976 y sus terribles consecuencias, fueron enjuiciadas sin más armas que las leyes vigentes y, con los mismos tribunales que pueden enjuiciar a cualquier ciudadano.