Cuando aún sonaban las bombas de la segunda guerra mundial, en Julio de 1944, se reunieron en Bretton Woods, en el norte de los Estados Unidos, dirigentes de 30 países con la decisión de fijar los ejes de las nuevas políticas monetarias y comerciales una vez finalizado el conflicto bélico.

La creación del F.M.I. y el Banco Mundial, serían parte central en la discusión del nuevo orden. El Banco Mundial financiaría la reconstrucción en los países afectados por la guerra, y el Fondo Monetario Internacional estabilizaría los índices de cambio y los desequilibrios en la balanza de pagos.

Resulta importante detenerse a analizar cómo fue la disputa interna, entre británicos y norteamericanos, para determinar las características más importantes del nuevo modelo. Antes de la aprobación del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacional, dos proyectos lucharon por orientar sus políticas. Dos economistas estaban a la cabeza de cada uno de esos proyectos en pugna. John Maynard Keynes, representante de los intereses británicos, y Harry Dexter White, que impulsaba el proyecto norteamericano. Keynes sostenía que cada país debía tener independencia en la planificación y ejecución de su propia política económica. Proponía la creación de la “Unión Internacional de Compensación”, cuyo objetivo sería evitar desequilibrios, y cubrir el déficit de los países deudores con los saldos positivos de aquellos con balanza favorable. White, en cambio, preconizaba la creación de un Fondo Internacional de Estabilización, para facilitar créditos a aquellas naciones con saldo negativo en sus balances de pago. Un fondo constituido mediante el aporte de oro y monedas domésticas, de los países miembros. De esta forma, y a diferencia de la propuesta inglesa, este organismo tendría la capacidad para crear medios de pago internacionales.

Mientras elaboraban los borradores del acta de nacimiento del FMI, White y Keynes disintieron, también, a propósito de las naciones que serían admitidas en el Fondo. El economista británico sostenía que la ayuda financiera para la reconstrucción de posguerra no debía ser canalizada a los países que tuviesen economía centralmente planificada, como la Unión Soviética. Pero, el economista estadounidense impuso su criterio y la URSS fue admitida en el FMI. No sería por mucho tiempo, menos de un año después de la constitución del FMI, Josif Stalin retiró a la superpotencia oriental del organismo.

Bretton Woods había presentado el nuevo orden mundial como un plan conjunto anglo-norteamericano, aunque en realidad no fue otra cosa que una versión levemente modificada de la propuesta White, quien por entonces era Secretario del Tesoro norteamericano, y aunque resulte extraño, estaba sospechado e investigado por el FBI de ser un espía soviético, un dato que en la actualidad, con los archivos desclasificados hasta el momento, está más cerca de ser verdadero que falso.

En diciembre de 1945 el FMI se constituye como tal. Cuando sus tareas originales, ligadas a la posguerra, finalizaron, el organismo fomentó políticas para la acumulación de poder. Comenzó a forzar la colocación de dinero en países en vías de desarrollo con democracias débiles o gobernadas por dictaduras. Una tarea que se desarrolló especialmente a principio de los años setenta, aprovechando la colocación de los excedentes que producía la renta petrolera mundial. No hubo, por entonces, cláusulas rigurosas, ni misiones especiales de los hombres del Fondo, para controlar la marcha de las economías de los países que se estaban endeudando. Aún más, el FMI financió gobiernos surgidos desde la ilegalidad, como fueron las dictaduras de América Latina, a quienes incentivó a fomentar el proceso de revalorización financiera que en la argentina regenteo José Alfredo Martínez de Hoz.

Martínez de Hoz tenía motivos para ser un economista mimado por el Fondo Monetario. Interpretó fielmente el proyecto político que se imponía con el endeudamiento. Cuando María Estela Martínez, en 1976, fue derrocada el país tenía una deuda pública de poco más de 6 mil millones de dólares. Cuatro años más tarde, en 1980 el monto adeudado era de 14.459 millones de dólares en el ámbito público, y 12.703 millones en manos privadas.

Para fines de la década del 70 el Fondo Monetario Internacional ya tenía el desprestigio ganado. La parte inicial de su tarea, en la que construyó grilletes para atar la posibilidad de desarrollo de países emergentes, había finalizado. Ahora, las deudas deberían ser un condicionamiento para las políticas de estas naciones que retomaban el camino de gobiernos en democracia. El FMI ya era sinónimo de ajuste para los países que había forzado al endeudamiento.

En 1983, la dictadura cae dejando una deuda, ahora unificada a través de los seguros de cambio que impuso Domingo Felipe Cavallo desde el Banco Central, de 43 mil millones de dólares. Un lastre que padeció e inmovilizó a la Argentina en los años siguientes.

Alfonsín llegó al poder nadando entre la euforia de la recuperación democrática, y el condicionamiento, en su poder de decisión y acción, que le generó el peso de los compromisos externos. El FMI exigió políticas de ajuste fiscal, más la venta de empresas de servicios públicos y de bienes en manos del Estado Nacional. Lo hacía mientras la deuda se multiplicaba por el aumento de las tasas financieras que Estados Unidos le impuso al mundo. “Usted ya es un estorbo” le advirtió a Alfonsín un empresario de medios periodísticos, en una reunión previa a la entrega adelantada del gobierno nacional a quien surgió como ganador de las elecciones presidenciales de 1989.

Con una democracia más dócil y permeable a implementar las normas económicas que pedía el Fondo Monetario, nuestro país fue puesto en la vidriera del escenario mundial. Se lo mostró como ejemplo para acceder al primer mundo. La década menemista fue todo un símbolo de ese entusiasmo.

En octubre de 1995 un documento del F.M.I. elogió las políticas de Domingo Cavallo y Carlos Menem. El escrito resaltaba la solidez externa del plan de convertibilidad. Tan solo en ese año la deuda había crecido en 9 mil millones de dólares trepando a 91.467 millones. Había crecido un 57% a lo largo del plan de convertibilidad, pese al plan Brady y al rescate de deuda que se concretó con las privatizaciones.

Con la salida del menemismo se precipitaron los hechos que terminarán por desnudar la realidad dejada por las políticas sugeridas por el FMI. En diciembre de 2000, Fernando De la Rúa, con un año en el ejecutivo nacional, dio a conocer un blindaje financiero de 39.700 millones de dólares. Se trató del apoyo económico más grande de la historia argentina. Casi 19 mil millones aportados por el F.M.I. y el Banco Mundial. La deuda argentina ya estaba por encima de los 120 mil millones.

Solo seis países en el mundo, antes de argentina, habían recibido un blindaje para evitar la cesación de pagos. México en 1995, Indonesia y Corea del sur, en 1997, Rusia y Brasil en 1998, y Turquía en el 2000. Todas naciones que llegaron a esas situaciones siguiendo las recetas económicas del FMI.

El blindaje no tranquilizó a los mercados, ni cubrió las grietas que el plan de convertibilidad presentaba. Increíblemente Domingo Cavallo volvió al Palacio de hacienda después del cortísimo paso de López Murphie. De la Rúa pensó que sería una buena señal para tranquilizar a los mercados y al FMI. La respuesta, para el ministro que llegó a exportar el uno a uno a otros países de Latinoamérica como Ecuador, fue pedir mayores ajustes. Por sugerencia del FMI, se ingresó al llamado plan canje. Fue la última apuesta realizada por el padre de la convertibilidad. Se canjeaban 50 mil millones de la deuda argentina que, según Cavallo, le permitían a nuestro país ahorrar 3 mil millones por que era a una tasa muy baja.

La debacle argentina ingresando en default fue tan previsible que cuando efectivamente ocurrió, en diciembre de 2001, ni siquiera tuvo efectos colaterales para el resto de las economías regionales del mundo, Los mercados internacionales no se inquietaron. No hubo efecto dominó, como si sucedió cuando la crisis de México o la de Rusia. Argentina, un país productor de alimentos, siguiendo las recetas económicas del FMI llegó a tener bajo el índice de pobreza, por esos días, a más de la mitad de su población.

Tras la caída de De la Rúa, argentina firmó un convenio aceptando que el FMI analizaría el programa económico cada tres meses. Con cada aprobación el organismo desembolsó, como un nuevo crédito, una suma de dinero equivalente a lo pagado por nuestro país en concepto de capital. Lo que Argentina paga por intereses no se reintegra. El acuerdo se realizó después de la visita al país de quien por entonces era titular del FMI, Horst Kohler. Entre enero de 2002 y junio de 2004 el FMI cobró, de la Argentina, 3.200 millones de dólares más de lo que le prestó. En este mismo período Argentina, que estaba inmersa en la crisis económica más grave de su historia, abonó 1700 millones en intereses a los organismos financieros, un dinero que no estuvo sujeto a reembolso. En mayo de 2003 asume Néstor Kirchner en medio de una crisis que tenía paralizado al país por conflictos sociales. En su primer año tuvo superávit fiscal, cumpliendo las metas fijadas de antemano con el fondo, y desde enero a agosto de 2004 logró reducir la deuda argentina en casi mil millones de dólares. Con recursos propios se pagaron vencimientos por otros 1.460 millones de dólares hasta fin de año, y acumuló reservas por más de 18 mil millones que le permitieron frenar corridas financieras.

Desde el podio de la Asamblea General de la Naciones Unidas, Néstor Kirchner, planteó en septiembre de 2004, duras críticas contra las políticas del Fondo Monetario Internacional, a las que definió como absolutamente inequitativas. A tal punto profundizó el Presidente en este calificativo, que aseguro que el país que las siga tendrá como resultado el crecimiento de la pobreza.

Las críticas al FMI en aquel plenario de la ONU fueron el eje central del discurso del Presidente Argentino, que se extendió por 17 minutos e incluyó otros temas como la exhortación al Reino Unido a reanudar las negociaciones por la soberanía argentina en Malvinas; la condena al terrorismo internacional y la proliferación de armas. El mensaje marcó también los tiempos que corrían para nuestro país, inmerso en una dura negociación que sobrellevaba desde que ingresó en default.

En su plan de reestructuración de la deuda externa, el gobierno de Kirchner asumió una estrategia política que, por su dureza, no registraba antecedentes. Responsabilizó públicamente al FMI de haber contribuido al derrumbe económico argentino. Lo hizo en cada ocasión que le fue posible, señalando que fueron los organismos internacionales quienes colocaron al modelo de Menem y Cavallo como un ejemplo mundial para las economías emergentes.

El cuadro de situación que presentaba Argentina en aquellos años daba cuenta que tres organismos financieros internacionales eran los acreedores más importantes del país: 15 mil millones se le adeudaba al FMI, casi 9 mil al Banco Mundial y 8 mil al BID. El resto de la deuda externa argentina estaba en default, distribuidos en bonos por todo el mundo. Con el país en default vino la renegociación de su deuda. Néstor Kirchner propuso una quita del 75%, destinada solo a los tenedores de bonos, no incluía a los organismos financieros. A pesar de las presiones del Fondo, el gobierno sostuvo su postura. El gobierno cerró filas en la misma dirección. El Ministro de Economía Roberto Lavagna, emitió un documento en el que acusó al FMI de cometer gruesos errores en el diagnóstico de la crisis, y de presionar a los gobiernos exigiendo la aplicación de medidas que van más allá de sus atribuciones. Se refería, puntualmente a exigencias tales como sanción de leyes o el aumento de las tarifas públicas.

A mediados de diciembre de 2005, y después de tres años con superávit fiscal, Néstor Kirchner anunció un drástico cambio de época para Argentina cancelando en un solo pago, antes de fin de año, su deuda de 9.810 millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional, lo que le permitiría al país ahorrarse 1.000 millones de intereses. Las reservas del Central eran, por entonces de 27.000 millones. Esa misma semana Lula había asumido una determinación similar, cancelando los 15 mil millones que Brasil le debía al Fondo.