La filtración y difusión, a través de distintos medios de comunicación, de las escuchas telefónicas que involucran a la ex presidenta Cristina Fernández  y el ex secretario presidencial Oscar Parrilli, derivaron en un pedido que realizó la Corte Suprema a través de una acordada en la que le pide al Congreso que audite la dependencia del propio tribunal encargada de estos temas y dirigida a su vez por el camarista federal Martín Irurzun.

En esta acordada el máximo tribunal de justicia de la Nación le pidió al juez Rodolfo Canicoba Corral, que tiene a cargo una causa penal sobre el tema, que informe si se detectó fallas en el resguardo de la confidencialidad y la custodia. De la Corte Suprema depende el Departamento de Captación de Interceptación y Captación de Comunicaciones (Dicom) hacia donde apuntan todas las miradas a partir de las filtraciones de conversaciones telefónicas que involucran a la ex mandataria que medios y periodistas cercanos al gobierno difundieron días atrás.