Desde siempre la idea de masificar el conocimiento atemorizó a los poderosos. Los instala en un escenario inseguro. Expandir la ignorancia, desde su concepto más primario como el analfabetismo, es un camino recurrente que utilizan los sectores dominantes. Negarle la educación a los pobres fue una constante en la historia argentina, solo quebrada por la evolución positiva que impulsaron movimientos progresistas en cada época. Les proponemos en esta nota una síntesis que repasa del camino recorrido en la evolución educativa de nuestro país.

Los inicios

A principios del siglo XVII, durante la gobernación de Hernando Arias de Saavedra, se establecieron las primeras escuelas en el actual territorio argentino. Concurrían a estos establecimientos unos 150 alumnos. En 1605, Francisco de Vitoria solicitó a las autoridades de Buenos Aires, permiso para desempeñarse como maestro de escuela en la ciudad.  Demandó el pago de un peso para enseñar a leer y dos pesos por la enseñanza de escritura y aritmética.  La solicitud fue aprobada y Francisco de Vitoria se convirtió en el primer maestro de Buenos Aires. Durante el siglo y medio siguiente las órdenes de franciscanos, dominicos y jesuitas, fueron los encargados de conducir la educación primaria en las distintas regiones del futuro país.  Mientras tanto, surgían los primeros intentos estatales para ampliar la incipiente educación pública: los Cabildos fueron obligados a proveer con fondos públicos, de casas apropiadas a las escuelas y la admisión de un cierto numero de alumnos, con certificado de pobreza expedido por el propio cabildo, a los que debía darse igual educación que a los demás. Se cobraban aranceles de un peso por mes para leer y dos pesos para leer, escribir y contar.

En 1783 se instaló en Buenos Aires el Real Colegio de San Carlos, origen del actual Colegio Nacional de Buenos Aires. Después de la Revolución de Mayo aumentó considerablemente el interés por difundir la educación, hasta que, en 1852, luego de la batalla de Caseros, se puso en marcha el tiempo de la organización de las instituciones.

El sistema educativo fue uno de los primeros engranajes de ese Estado en formación y a la vez un medio para su consolidación. El artículo 5 de la Constitución Nacional de 1853, estableció el derecho a educar y enseñar como una responsabilidad atribuida a los gobiernos provinciales: “cada provincia dictará para sí una constitución… que asegure su educación primaria”.  Sin embargo, lo que ocurrió realmente fue que la falta de recursos provinciales llevó a que la Nación otorgara subvenciones para la construcción y mantenimiento de las escuelas.

Durante la presidencia de Sarmiento apareció un verdadero y definitivo impulso a la escuela estatal. En ese momento se fomentaron las llamadas escuelas normales de formación de maestras y llegaron al país docentes norteamericanas para aplicar el sistema educativo vigente en los EE.UU. Una de ellas fue Serena Frances Wood, que había creado en Virginia, la primera escuela para los esclavos que acababan de ser liberados tras la guerra civil.  Woods fundó en Buenos Aires la escuela Número 1, cerca de Retiro. Murió un año después, víctima de la epidemia de fiebre amarilla.

La historia personal de una de las educadoras símbolo de la historia argentina, Rosario Vera Peñaloza, está ligada a la presencia en nuestro país, de estas docentes norteamericanas. Rosarito que había nació en La Rioja en 1873, estudió en la escuela normal de su provincia bajo la dirección de Mary Graham, una de las maestras convocadas por Sarmiento, y se graduó como maestra en la Escuela Normal de Paraná.

La corrupción administrativa, que generaron muchos gobiernos provinciales, terminaba derivando los fondos, instituidos por Sarmiento en 1871, para otros fines. Algo que denunciaba el propio Sarmiento en una publicación llamada “El Monitor de la Educación” en 1881: “La señora Jacques, Directora del colegio de Niñas de Santiago del Estero, se negó a firmar un recibo de 130 pesos fuertes cuando sólo le estaban dando 65, y así lo declaró en el informe del Inspector general, a causa de lo cual fue depuesta y separada de la enseñanza.”

En 1877 el Consejo Escolar de la Catedral al Sur, estableció una Escuela Graduada de Niñas, la primera en su género de Buenos Aires. El crecimiento del número de docentes, en función de la multiplicación de los alumnos y los establecimientos aumentó significativamente. Entre 1874 y 1921 se graduaron 2.626 maestras y 504 maestros. En 1881, durante la presidencia de Roca, se produjo la primera huelga docente en la Argentina.  Las maestras de la Escuela Graduada y Superior de San Luis, encabezadas por su directora, Enriqueta Lucero de Lallemant, llevaron adelante la medida de fuerza en reclamo por el atraso en el pago de sus sueldos y en contra de los recortes en los salarios de todos los empleados públicos que se venían aplicando desde 1874.  Ese año el presidente Avellaneda, decidió enfrentar la crisis económica rebajando los sueldos y despidiendo personal.

En las primeras décadas del siglo XX, la escuela abrió sus puertas a la mayoría de los niños que vivían en Argentina. La población escolar se duplicó, alcanzando prácticamente al 70% de los chicos de entre 6 y 13 años. En oportunidad de celebrarse el Centenario de la Revolución de Mayo, poco después de dejar de ser Primer Ministro francés, visitó el país Georges Clemenceau. Al regresar a Francia escribió: “He visto escuelas profesionales y escuelas primarias que podrían servir de modelo en otros países. Locales irreprochables y niños de una limpieza absoluta”. En ese mismo 1910, José María Ramos Mejía, presidente del Consejo Nacional de Educación, planteó que las escuelas argentinas no cumplían su tarea de garantizar la integración de las masas inmigrantes a la cultura nacional. Propuso, entonces, un programa de acción para profundizar los contenidos patrióticos y nacionalistas, en el que primó una concepción de la identidad nacional homogeneizadora.

Este programa contribuyó al aumento del control por parte de la burocracia central del sistema educativo sobre el quehacer de maestros y alumnos en las aulas. Junto a esta tendencia, creció, también el influjo del estado nacional en los sistemas educativos provinciales mediante la puesta en marcha de la ley Láinez de 1905, por la cual la Nación pasó a dirigir un número creciente de escuelas en las provincias.

Siglo XX

Eran años, estos de principio del siglo XX, en que los anarquistas atacaban al sistema educativo por considerarlo autoritario, basado en rígidas normas disciplinarias, fundamentadas en un sistema de premios y castigos.  Defendían a ultranza una educación basada en la libertad del niño, así como en el respeto a un espíritu crítico. En ese sentido impulsaron una educación alternativa basada en una metodología de enseñanza donde se combinaba el trabajo manual e intelectual. A comienzos del siglo XX, el 35% de la población argentina era analfabeta mientras que en España lo era el 59%, en Italia, el 48% y en la mayoría de las naciones de América del Sur, entre el 60 y el 80%.  Asimismo, en 1935 la Argentina destinaba el 31% de su presupuesto nacional a la educación, período en el que Canadá invertía el 29%, Alemania, el 27%, Chile, el 17% e Italia, el 9%.

La Argentina fue uno de los países pioneros en la instauración de la escuela obligatoria y gratuita, y en el siglo XX alcanzó niveles de escolaridad primaria y secundaria muy elevados en el contexto latinoamericano. Después, el país se distinguió por la calidad de su universidad pública, productora de intelectuales y científicos de relevancia internacional. Durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen un movimiento universitario y estudiantil que se inició en Córdoba y se extendió a otras Universidades Nacionales reclamaba que profesores y alumnos tuvieran participación en el gobierno de las facultades. Además, pedían una modernización y actualización de metodología didácticas, profesores y planes de estudios, y se oponían a la injerencia eclesiástica  en la conducción de la misma. Yrigoyen apoyó la reforma y se llevó a cabo con éxito.

Los años treinta, estuvieron marcados por la crisis económica mundial y el ascenso de los movimientos ideológicos totalitarios en Europa.  Lo económico se resolvió más rápido, pero lo político, llegó para quedarse mucho más de lo pensado. Aparecieron entonces los sectores que intentaron reformar el modelo educativo en coincidencia con sus fines ideológicos. Los nacionalistas y liberales, se enfrentaron con los sectores progresistas por el contenido de los planes educativos, los métodos pedagógicos y la formación docente. Pero fueron los sectores nacionalistas quienes predominaron finalmente en la conducción de la educación. Estos grupos proponían una organización corporativa de la sociedad, se oponían a la democracia y creían que la solución a la crisis radicaba en un orden asentado en las instituciones tradicionales como el Ejército, la Iglesia, y la familia, y en una sociedad jerárquica. El acceso a las universidades quedó restringido a las clases medias, se formó una intelectualidad ajena al país real. El intento de promover una educación religiosa fue uno de los ejes de la política y de las luchas educativas de este período. La celebración del Congreso Eucarístico en 1934 en Buenos Aires, contribuyó a reposicionar a la Iglesia en la escena política nacional, en un contexto donde los grupos más conservadores proponían que el país regrese a las tradiciones hispánicas y jerárquicas de la sociedad colonial.

La dirección del Consejo Nacional de Educación recayó en hombres vinculados en un principio a la corriente espiritualista, quienes sostenían la importancia de crear una escuela que no sólo preparara para la vida práctica, sino también que apostara por el desarrollo de la esencia espiritual del hombre. La orientación de la enseñanza se tornó “nacionalista, patriótica y moralizante” en un grado que no había adquirido anteriormente.

Las ideas de los sectores nacionalistas le imprimieron un signo propio a las políticas educativas que derivaron en una reforma de los planes de estudios en 1935 y una nueva reglamentación para el uso y selección de los libros de lectura y de texto. La intención de reglamentar y regularizar bajo nuevos parámetros la educación, se expresó, también, en un proyecto para unificar las escuelas de todo el país bajo la autoridad del Consejo Nacional de Educación que, finalmente, no prosperó.

El triunfo de estos grupos produjo un quiebre en las políticas educativas, por lo que se atacaron las bases de la educación laica, se intervinieron las Universidades y el Consejo Nacional de Educación y se persiguió a maestros y profesores por sus posiciones políticas.

El 11 de septiembre de 1943, durante la Primera Conferencia de Ministros y Directores de Educación de las Repúblicas Americanas, se resolvió homenajear la figura de Sarmiento como educador declarando al 11 de septiembre, fecha de su muerte, como el Día del Maestro en todos los países americanos. La aparición del peronismo significó un quiebre en la vida social, política y económica de la Argentina. Los trabajadores conquistaron sus derechos sociales y ocuparon el centro de la escena. En ese marco, el Gobierno le dio un nuevo significado al valor adjudicado a la infancia. Bajo el lema “los únicos privilegiados son los niños” que dejaba implícita la idea de que la justicia social había puesto fin a las desigualdades y que el Estado otorgaba una atención preferencial a la infancia en el plano material y en el simbólico.

De la mano de la bonanza económica de los primeros años de la posguerra y del crecimiento de los servicios y la infraestructura del Estado, la población cambió su calidad de vida, se amplió el consumo y se extendieron los derechos sociales. En este contexto, se expandió la matrícula educativa, se atendió la enseñanza técnica, los maestros participaron en su calidad de trabajadores del régimen peronista y usufructuaron de sus beneficios económicos y sociales.

Laica o libre

La polémica educativa que se apoderó de los finales de la década del ‘50, se conoció como “laica o libre”.  En setiembre de 1958, los estudiantes reunieron más de 300 mil personas contra la decisión del presidente Arturo Frondizi, de apoyar la libertad de enseñanza, que favorecía la creación de universidades privadas y que defendía la Iglesia. En agosto del ‘58 se filtró una información del oficialismo que indica que un grupo de “notables” preparaba la reglamentación del artículo 28 del decreto 6403. Se fractura el país, alrededor esta vez de un tema difícil para los claustros: la enseñanza privada. Los partidarios de la enseñanza libre están integrados por la derecha conservadora y cuentan con la adhesión de Alvaro Alsogaray, el padre Ismael Quiles, Raúl Matera, el hermano Septimio Walsh, monseñor Antonio Plaza, Antonio Salonia y Rogelio Frigerio. Del otro lado se ubicaron los radicales del pueblo, el socialismo y el comunismo, el estudiantado reformista y la mayoría de las autoridades de las universidades: Elíseo Verón, Abel Alexis Latendorf, Carlos Sánchez Viamonte, Ismael Viñas, Alfredo Palacios, Ricardo Balbín, el rector Risieri Frondizi, Oberdam Caletti, José Peco, Josué Gollan, Norberto Rodríguez Bustamante, Roberto Quieto, Jorge Sáenz -presidente del centro de derecho de la UBA- José Luis Romero, son sólo algunas de las personalidades que adhieren a este sector.

También expresan su apoyo partidos políticos, sindicalistas, docentes, científicos y personalidades del exterior. El proyecto finalmente aprobado en el Congreso, determinó que la habilitación profesional quedaría a cargo del Estado. Pero no explicita qué organismo estará encargado de esta misión. En la práctica, poco a poco este poder fiscalizador se fue perdiendo, y la lucha es ganada por los sectores privatistas de la sociedad.

Millares de estudiantes universitarios insisten en resistir la aplicación del artículo 28. En turbulentas movilizaciones callejeras se producen choques con fuerzas policiales. La actividad de las agrupaciones, Centros y Federaciones se encuentra restringida en los hechos por distintas medidas de represión policial. Mientras en el corazón de los claustros operan disciplinadas bandas de grupos armados por sectores de la ultraderecha. Una feroz campaña antisemita motorizada por las huestes de la ultraderecha es respondida con acciones de agitación y propaganda de nucleamientos reformistas y de izquierda, que confluyen en un multitudinario acto de protesta en al Facultad de Medicina de la UBA, en 1962.

El alejamiento voluntario del rector de la UBA, Julio Olivera (un académico surgido del riñón del Humanismo) fuerza la convocatoria de una Asamblea General Universitaria, que el 22 de marzo de 1965 consagra sucesor al ingeniero Hilario Fernández Long. Las gestiones rectorales de Olivera y de Fernández Long, otro intelectual humanista que había sido decano de la Facultad de Ingeniería, indican la supremacía en los claustros de los votos de extracción socialcristiana, moderados y liberales.

A fines de julio de 1966 la dictadura militar encabezada por Onganía, decretó la intervención de las universidades nacionales, ordenando a la policía que reprima cruelmente para expulsar a estudiantes y profesores. Una jornada que quedó en la historia como “La Noche de los Bastones Largos”, exactamente el 29 de julio de 1966, alcanzó primero a la comunidad educativa y después siguió por los laboratorios y bibliotecas de las altas casas de estudio. El primer resultado que dejó este proceso irracional, fue el éxodo de profesores e investigadores y la supresión de los organismos sindicales estudiantiles. El segundo fue un proceso de concientización y compromiso del estudiantado universitario que se observó el 29 de mayo de 1969, cuando obreros y estudiantes cordobeses y de otras provincias salieron unidos a las calles de Córdoba. Ante la magnitud de la movilización; Onganía ordenó que las Fuerzas Armadas se hicieran cargo de la represión. El cordobazo dejó como saldo decenas de heridos y 16 muertos, algunos ajenos a la manifestación

Los años 60 y 70 representaron un momento de gran ebullición del pensamiento y acción en los ámbitos universitarios. En 1974, tras la muerte del Presidente Perón y la asunción de María Estela Martinez, el ministro de Educación Jorge Taiana fue reemplazado por Oscar Ivanisevich. La gestión Taiana había puesto en marcha un conjunto de propuestas inspiradas en la pedagogía de la liberación de Pablo Freire y en las corrientes del nacionalismo popular que se habían desarrollado en la década de los sesenta, con el aporte de intelectuales populares como Scalabrini Ortiz, Hernández Arregui, Jauretche y Rodolfo Puigrós, entre otros. La expulsión de Taiana y la llegada de Oscar Ivanisevich, se produce inmediatamente después de la muerte de Perón, para modificar de manera definitiva la orientación iniciada en mayo del ’73.

Con dictadura

El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dan el golpe de estado y dicen que vienen a sacar a la República del caos y la anarquía. Afirman que a la ineptitud, la inmoralidad han creado, desde 1973, condiciones para que florecieran las ideas subversivas y por eso era necesaria una tarea de limpieza ideológica. La acción política de la dictadura, en el plano educativo, también expresa una diferencia cualitativa con respecto a procesos políticos anteriores.  La dictadura contó con ideólogos que apostaron a la privatización de la educación pública, pero el logro mayor se redujo a la transferencia de los servicios educativos a las provincias y municipalidades. Los ministros de Educación plantearon sucesivamente la importancia de las tareas de limpieza de las “ideas marxistas y peronistas”, buscando “restaurar los valores occidentales y cristiano”. Ricardo Bruera fue el primer Ministro de Educación de la Dictadura Militar y estuvo en el cargo, hasta mediados del ‘77. Planteó que el objetivo era “alcanzar la libertad” pero como paso previo era necesario “recuperar el orden y los valores que la hacen posible”.  Mensaje que difundía no solo a través de la cadena oficial, también lo hacía en reportajes con medios y periodistas que se autoproclamaban independientes.

El Ministro Bruera presionó para que desde todas las estructuras de la educación se colaborase activamente con la represión y se instaló un sistema de persecución interna que fue desde proscripciones y desplazamientos internos hasta cesantías, y empieza a instalarse con un rol más protagónico la educación privada y religiosa y comienza la transferencia de la educación a las municipalidades

A mediados del ’77, la Junta Militar le reprochó a Bruera que la educación no tuviera un mayor compromiso ideológico con la lucha antisubversiva. Lo sucedió Juan José Catalán que se planteó de manera explícita llevar la lucha antisubversiva a todos los planos de la cultura y la educación. Para llevar adelante esta tarea se planteó la necesidad de incorporar en el ámbito educativo y en el plano pedagógico los conceptos de guerra, enemigo, subversión e infiltración. Apareció un documento titulado “Subversión en el ámbito educativo” y que fue distribuido en los establecimientos educacionales por resolución ministerial. El folleto pretendía esclarecer a los educadores sobre el accionar integral de la “subversión” y como se los podía detectar.  La dictadura siempre estuvo preocupada por domina los limites del conocimiento, de la educación.

El ministro Juan José Catalán era el hombre más afín a la estrategia represiva de las Fuerzas Armadas pero para los intereses educativos de la Iglesia, era mas adecuado un hombre de sus propias filas. Así llego al Ministerio de Educación, Juan Llerena Amadeo, relacionado con la derecha católica. Llerena Amadeo fue el Ministro que con más fuerza impulsó la privatización de la educación, el debilitamiento del carácter público de la educación y simultáneamente definía el papel estratégico de la Iglesia y la Familia en la educación argentina. El objetivo de Llerena Amadeo era claro: predominio de la educación privada, estado subsidiario y educación pública de complemento. Todo fuertemente atravesado por el rol de la Iglesia. Continuó el proceso de transferencia de la educación a las provincias y las municipalidades sin los fondos correspondientes, generalizó el arancelamiento a las Universidades, los cursos de ingreso, los cupos y cerró la Universidad de Luján. En el plano ideológico desarrolló de manera activa el discurso del costo-beneficio en la educación. A través de la materia Formación Cívica y Moral impuso la enseñanza de los principios religiosos como raíces de la cultura argentina. Los restantes Ministros de Educación de la Dictadura Militar, Burundarena y Liciardo, no agregaron novedades a las direcciones que ya se habían definido.

Quizás, el hecho más importante ligado a la educación, que generó el regreso de la democracia en tiempos de Alfonsín, fue el Segundo Congreso Pedagógico Nacional, cuya fase final se desarrolló en la ciudad de Embalse, Córdoba, del 27 de febrero al 6 de marzo de 1988. La organización de las escuelas privadas, frente a la participación inconexa y mayoritaria de los sectores que representaban a la opinión pública, fue una de las postales más importantes que dejó el gigantesco encuentro. El ministro de Educación y Justicia era Jorge Sábato y en uno de los párrafos más salientes del discurso de clausura, habló de las antinomias del pasado, como si ya no existieran: “Las antinomias del pasado han sido superadas en esta Asamblea Nacional”.

Durante los años de Menem se aprobó de la Ley de Reforma del Estado y la de Emergencia Económica en 1989. Fue la ley madre de las privatizaciones y, naturalmente, sería determinante para los cambios que en materia educativa se darían en el país en los próximos años porque planteaba la modificación del rol del Estado en la cosa pública. Presentada como un paso hacia la modernización, y en sintonía con la idea central de achicar el estado, se sancionó en 1995 la Ley de Educación Superior que planteaba tres objetivos. El primero tener en cuenta más la calidad que la cantidad de los egresados; en segundo lugar, la disminución del poder de las autoridades de la Universidad de Buenos Aires; y tercero, la centralización de la educación superior en manos del Estado a través de un Ministerio de Educación más dedicado a este nivel de enseñanza que a la primaria y media.

Cuando Daniel Filmus asumió como Ministro de educación en 2003, señaló que “Hay tres grandes males de la Educación argentina: “No se cumple con la escolaridad obligatoria; los que están en las aulas aprenden menos de lo deseado y la desigualdad es enorme: un alumno de Buenos Aires egresa sabiendo el 50% más que un chico de otras regiones del país”. La Ley Nacional de Educación, sancionada en 2006, fijó un aumento presupuestario escalonado para llegar al 2010 con un 6% del Producto Bruto Interno (PBI) dirigido al sector. La nueva norma estableció un aumento progresivo del 4% al 6%, del presupuesto nacional, para inversión educativa. También estipula que todas las escuelas primarias públicas argentinas deben ofrecer una jornada extendida de seis horas diarias, estableciendo que el Estado nacional y las provincias tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad.

En la historia Argentina la educación es un capítulo que aún no ha terminado de escribirse. Hay épocas de avances, y otras de retrocesos. Estos últimos van de la mano de pensamientos retrógrados que pretenden enquistar el conocimiento solo para determinadas castas sociales, relegando a los pobres a un acceso mínimo en su formación educativa, negando el camino hacia el derecho definitivo que todos los argentinos puedan ingresar al enriquecedor mundo del conocimiento.