El Gobierno adhiere a un planteo presentado la semana pasada por la fiscal de Cámara Gabriela Boquin pidiendo la intervención del Correo Argentino de la familia Macri y el desplazamiento de todos sus administradores hasta que termine el proceso de salvataje o cramdown, que podría convertirse en la antesala de su quiebra.

El pedido formal lo realizó el procurador del Tesoro, Carlos Zannini quien advierte que es imperioso que el Estado cobre lo que le deben ya que, tal como ha tramitado el expediente, “ve disminuida día a día la posibilidad de satisfacer su acreencia, ya sea por la progresiva licuación del crédito, como por la pérdida de activos con los cuales esa acreencia debe ser satisfecha”. Zannini también advirtió sobre maniobras de vaciamiento, denunciadas ya por la fiscalía a favor de sus controlantes, amigos y aliados, algunos integrantes de las filas del macrismo.