El intento de reforma del régimen especial de jubilaciones que impulsa el gobierno nacional para jueces, fiscales y defensores oficiales que conforman la estructura judicial de nuestro país, ha recibido una contundente respuesta negativa de los afectados a través de un comunicado de la Asociación de Magistrados. En el mismo expresan sin medias tintas su explícito rechazo. “Con sorpresa advertimos que el proyecto del Poder Ejecutivo se aparta de principios de raíz constitucional que fueran reconocidos por la Corte Suprema Justicia de la Nación”, señala el escrito agregando que “los graves efectos que provocaría para el normal desempeño del Poder Judicial y de los Ministerios Públicos, y por ende el perjuicio a la sociedad”.

Lo que se traduce en el comunicado es más que un malestar de los magistrados. Se trata de un planteo en defensa de salarios especiales que los jueces reciben una vez retirados de su función a los 60 años. Cobran jubilaciones que llegan a superar los 330 mil pesos. En la actualidad son poco más de 8 mil los beneficiados representando el 3% del total de los jubilados que tiene el sistema jubilatorio argentino, con una erogación de 25 mil millones anuales para este sector judicial.

La reforma que propone el gobierno propone el aumento escalonado de la edad mínima jubilatoria hasta alcanzar los 65 años, elevar los aportes del actual 12% al 18% del salario y establecer que la jubilación sea el equivalente al 82% de la remuneración promedio de los últimos 10 años.