Argentina nació y se desarrolló con una economía basada en el cultivo de cereales y la cría del ganado, especialmente el vacuno y el ovino, y en el comercio de sus productos derivados. Ganado y cereales que fueron exportados a países industrializados de los que nuestro país recibía, a cambio, productos procesados. Recién a fines del siglo XlX se establecieron las primeras industrias destinadas a elaborar productos primarios, para una población que todavía no tenían acceso a productos importados. Los pocos que ingresaban, principalmente de Europa, eran consumidos por la clase alta, marcando un status que los diferenciaba de los sectores de menos ingreso. En ésta época escaseaba el capital argentino para financiar emprendimientos, por lo tanto las iniciativas eran financiadas por capitales extranjeros, básicamente británicos, que estaban interesados en otorgar créditos al gobierno con grandes ventajas financieras y comerciales. El crecimiento industrial se concentró en la Capital Federal. Los resultados que arrojó el segundo censo nacional de 1895 indicó que la cantidad de industrias, que eran por entonces 22 mil con 145 mil empleados, se había multiplicado por siete en los últimos 40 años. Fueron años donde Buenos Aires se transformó en una apéndice de los intereses Europeos.

La Primera de las Guerras Mundiales forzó un incipiente desarrollo de la industria metalúrgica argentina, pero una vez concluido el estallido bélico, este sector se vio en la necesidad de competir tanto con la renovación de la importación como con empresas establecidas en nuestro país bajo los auspicios de firmas internacionales como Good Year, Ford, o General Motors. El Tercer censo Nacional de 1914 registró 48.000 establecimientos en todo el país con más de 400.000 trabajadores. Un dato que marca el nivel de dependencia de nuestras industrias metalúrgicas es que el 70% de las materias primas necesarias para elaborar sus productos provenía del exterior. La falta de créditos blandos se transformó en una traba para el crecimiento industrial, además los pocos que habían eran otorgados al campo y el comercio. En 1905 se otorgaron créditos por $276.221 pesos. Solo $19.400 fueron a la industria, $94.000 se destinaron al campo y $87.000 a los comercios. Esta tendencia se mantuvo durante décadas transformando al Banco Nación en un banco agrario, que sostenía un modelo de país agrícolo-ganadero e importador de productos elaborados. La falta de apoyo al desarrollo industrial obedecía también a la necesidad de instalar en nuestra región los productos elaborados por la industria europea, básicamente británica, que estaba en plena expansión. Los Bancos ingleses financiaban la producción agrícola ganadera y la extensión de los ferrocarriles para facilitar su traslado al puerto de Buenos Aires para, desde ahí, enviarlas como materia prima al viejo continente. Esa misma materia volvía, más tarde, como productos elaborados comprados por nuestro país.

La creación de YPF, en 1922 bajo la dirección del General Mosconi, cumplió un rol impulsor y decisivo para el crecimiento de la industria local. Expandió la producción de petróleo y lanzó la destilería de La Plata, que fue el núcleo central del polo productivo. Se inauguró en 1925 dando trabajo a 450 personas sobre una dotación total de YPF de 4800 empleados. Luego en 1928 se puso en marcha una planta de refinamiento y una fábrica de latas en 1929. Esta expansión fabril, que reemplazaba compras en el exterior, se pagó con los tres primeros meses de producción de YPF.

Tras este período de expansión industrial, recayó sobre Argentina la década infame. En 1932 Inglaterra decidió adquirir los productos agricolo ganaderos que antes compraba en nuestro país, de sus colonias en Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Los sectores ganaderos exportadores argentinos presionaron al gobierno que timoneaba Agustín Pedro Justo y éste asumió su representación. Envió a Londres al vicepresidente Julio Roca (hijo) y éste vino con un acuerdo vergonzante conocido como el pacto Roca–Runciman, por el cual Inglaterra sólo se comprometía a seguir comprando carnes argentinas siempre y cuando su precio fuera menor al de los demás proveedores. A cambio, la Argentina aceptó concesiones lindantes con la deshonra: liberó los impuestos que pesaban sobre los productos ingleses y se comprometió a no permitir la instalación de frigoríficos argentinos.

Hasta el inicio de lo que sería la Segunda Guerra Mundial, los distintos gobiernos que se sucedieron en nuestro país, solo brindaban apoyo a empresas basadas en la producción agrícola tradicional. No existía una política destinada a impulsar el desarrollo industrial. Por lo tanto, tampoco había en la población una conciencia de la importancia que esto representaba en el desarrollo argentino. Recién durante y después de la segunda guerra se comenzó a fomentar la industria local, como parte del proceso de creciente urbanización de la economía, sobre todo en torno a la capital, y el cordón del Gran Buenos Aires. Este proceso recibió particular estímulo con el ascenso al poder de Juan Domingo Perón, en 1946. La Argentina industrial de mediados del siglo XX, permitió poner proa hacia un proyecto mucho más ambicioso: la independencia política y económica del país. La industria local suministró no sólo mercaderías básicas de consumo como alimentos, textiles y muebles, sino también la mayor parte de los productos eléctricos y metalúrgicos necesarios para la propia industria. La multiplicación de chimeneas productivas, que se desparramaron en buena parte de la geografía nacional y especialmente en el inmenso cordón bonaerense, fue la punta de lanza de un modelo de país que promovió el desarrollo a través de políticas activas para su crecimiento. Aquella Argentina industrial multiplicó los puestos de empleo, fortaleció al sector del trabajo y permitió un extraordinario proceso de concientización social, que se desparramó rápidamente entre los sectores históricamente más desplazados en el reparto de la riqueza nacional.

Fueron años en donde los intereses agrícolo ganadero, con altos niveles de concentración de poder y riquezas, se vieron forzados a reformular su estrategia de dominación. Ha sido éste, un sector de extraordinaria influencia en la formación de dirigentes industriales sin conciencia nacional. Industriales que tuvieron participación activa en hechos políticos trascendentes. En 1930 la Unión Industrial Argentina compartió activamente la oposición antiyrigoyenista y se alío con la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, para alentar el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen. Los capitanes de la industria repetirían esa misma tarea antidemocrática en 1955.  Los industriales argentinos enrolados en la UIA, fueron activos manifestantes que alentaron los golpes que derrocaron los gobiernos democráticos de Hipólito Yrigoyen primero, y Juan Domingo Perón después.

El desarrollo industrial, fomentado a través de líneas de créditos específicos para alentar la instalación de fábricas, tuvo gran expansión a partir de 1946. Bajo el gobierno de Perón se instaló una Argentina industrial que no reconocía antecedentes. Se multiplicaron las industrias textiles, mecánicas, manufactureras, siderúrgicas. Años donde, también, se sentaron las bases de las políticas petroleras y automotrices. El Banco de Crédito Industrial, creado en 1944, se encargó de otorgar créditos de mediano y largo plazo al sector fabril. En su primer año otorgó 2.500 créditos que saltaron a más de 50.000 en 1954. Mediante este banco se apoyó el crecimiento de ACINDAR, Siderca e Industrias VASALLI. La empresa SIAM Di Tella probablemente sea el ejemplo más sobresaliente del desarrollo industrial argentino basado en capital local, cuyos logros bien pueden compararse con los de la industria norteamericana y británica. Di Tella llegó a tener 22 fábricas y 15 mil empleados en Argentina, Brasil, Uruguay y Chile. Su planta de Villa Diamante cubría 6 mil metros cuadrados

Su capacidad fabril le permitió iniciar en 1948 la producción de heladeras a un ritmo de 11.000 unidades anuales, para alcanzar las 70.000 diez años más tarde. En lo que respecta a lavarropas pasó de 2.000 unidades en 1948 a 38.000 en 1958. En 1952 lanzó la producción de motonetas, que despertó una enorme demanda local. SIAM Di Tella fue la primera en producir determinados artículos para la industria y el comercio, como de bombas para la extracción de petróleo, motores y artefactos domésticos como heladeras y ventiladores. Su logro más impresionante fue la producción de un auto en los años sesenta. Acompañando aquellos tiempos de conquistas sociales Di Tella, además, fue pionera en la concesión de beneficios sociales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo para su personal.

Como correlato a esta expansión industrial argentina, el gobierno decidió crear en 1946 el Instituto Argentino para la promoción del Intercambio (IAPI), con la idea de direccionar buena parte del comercio exterior nacional.  Sin embargo, y pese a que este período fue muy exitoso para la industria argentina este sector no logró amalgamar una dirigencia capaz de convertirse en una burguesía industrial con conciencia nacional. En 1951 el presidente Perón le consultó a los distribuidores de automóviles, sobre la posibilidad de fabricar autos en nuestro país. Les hablaba de un mercado regional, de crear las bases de una industria que abastezca a toda América. No hay mercado, fue la respuesta que recibió de los dirigentes de las terminales automotrices.

Cuatro años más tarde, de aquella propuesta, en 1955, Perón firmó un decreto presidencial que permitió la creación de IKA Industrias Kaiser Argentina. El Kaiser fue el primer sedan argentino producido en el país. Su éxito comercial fue arrasador. En 1959 la industria automotriz vendió 27.834 autos, el 81% de ellos, es decir 22.612, fueron Kaiser Carabela fabricados en la planta de Santa Isabel en Córdoba. A mediados de los cincuenta la argentina industrial estaba en marcha. El censo de 1954 arrojó un total de un millón de trabajadores en el sector, distribuidos en 151.000 establecimientos fabriles en todo el país.

Aquel modelo de una argentina expansionista con políticas de protección para sus industrias, se mantuvo como una identidad propia durante los distintos gobiernos que se sucedieron hasta mediado de los años setenta.  El golpe de 1976 incluyó al país, nuevamente en el dilema de verse absorbido por políticas que redujeron su capacidad productiva, para posicionarla como una nación de servicios. Una transferencia que se dio en dos etapas. La primera, impuesta por la fuerza a través de los años de dictadura militar, con un proceso de revalorización financiera, una época reconocida popularmente como los años de la plata dulce. Años donde se desalentó la inversión productiva, fomentando el juego financiero. En los años de plata dulce, el ingreso masivo de productos importados provocó el derrumbe de fábricas o su transformación a importadoras. El Ministro de Economía, Martinez de Hoz explicó después así los beneficios que le dejó al país su política económica

La segunda etapa de este ciclo, fue a partir de 1990 con la llegada de Carlos Menem al gobierno nacional. Este período completó el proceso iniciado en 1976, con el traspaso de las empresas del estado a manos extranjeras, la fijación por ley de un dólar barato que facilitó la destrucción del aparato productivo, y la venta de las industrias nacionales a grandes multinacionales o fondos de inversión que en realidad representaban enormes masas de dinero flotante dispuestos a sacar rédito en el juego especulativo. Fue aquel un brutal proceso de desnacionalización y cierre de industrias, que dejó como resultado, el progresivo empobrecimiento de los Argentinos .

En 1974, el 10% más rico de la población ganaba 12 veces más que el 10% más pobre. A fines de los noventa el 10% más rico de la población gana 31 veces más que el 10% más pobre. Un período en que los ricos se hicieron cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres. Un período donde se desarrollaron políticas para satisfacer las demandas del sector dominante y no del desplazado. En este reparto desigual la desnacionalización de la industria Argentina sirvió como puerta de ingreso para capitales extranjeros volátiles. Presentados como grupos de inversión manejados por testaferros, aparecieron compradores de las más tradicionales empresas argentinas.

En noviembre de 1997 el Centro de Estudios para la Producción, que dependía de la Secretaría de la Industria de la Nación, informó que entre 1991 y 1997 grupos extranjeros compraron 423 empresas argentinas medianas y grandes, por las que pagaron 20.435 millones de dólares. Los cambios afectaron especialmente a los sectores bancarios, supermercados, AFJP, medicina prepaga, alimentación, automotrices y autopartistas.  Este traspaso significó que, entre 1994 y 1998, nueve de los diez primeros bancos privados argentinos pasaran a manos extranjeras, y que al menos 250 mil personas cambiaran de empleador. Hubo áreas estratégicas, como la minería, comunicaciones, electricidad, gas, agua o automotores, donde la presencia extranjera pasó a ser mayoritaria. Del proceso de desnacionalización no se salvaron ni siquiera, las empresas de servicios fúnebres. En diciembre de 1998 Lázaro Costa fue vendida a la norteamericana Service Corporation, que contaba con 22 mil empleados y factura 3 mil millones al año en todo el mundo. Su sede se encuentra en Boston y posee 365 cementerios privados y 156 crematorios.

No se trata, en este informe, de desarrollar un análisis xenofóbico hacia el poder económico extranjero, sino de interpretar como funciona el capitalismo a nivel mundial, y de qué manera afecta nuestro bienestar económico, la soberanía argentina y nuestra identidad cultural. La concentración de capitales extranjeros manejando las empresas líderes de la industria nacional, provoca que las decisiones de esas empresas se tomen en sus países de origen. Desde allí se asumen estrategias que no necesariamente contemplan los intereses, sociales, económicos o culturales de los argentinos.

Ha principio de los años noventa, con particular vehemencia, se abordó a la opinión pública con mensajes expandidos por los medios de comunicación más masivos que hacían eje en dos temas: La destrucción del aparato estatal, emparentándola con la corrupción y la necesidad de atraer capital extranjero para adquirir empresas públicas y privadas argentinas. Durante los años noventa, con gobiernos surgidos del voto popular, ocurrió la más brutal apertura económica, de desregulación y privatizaciones, con el traspaso de bienes, estatales o privados, a manos extranjeras.

Una observación realizada por el politólogo Oscar Oszlak plantea que aquel proceso de desnacionalización provocó la pérdida de capacidad autónoma de nuestro país, y transformó a las embajadas de las naciones extranjeras en poderosos centros de lobby, tarea que también realizaron, de manera indisimulable, las misiones diplomáticas que provienen de países ricos que llegan a la Argentina. Terence Todman, fue designado embajador de Estados Unidos en Argentina en 1989. Fue un lobbysta de los intereses de las empresas estadounidenses en nuestro país. Denunció coimas en lo que se conoció como el Swiftgate, se quejó por la adjudicación directa de bandas de telefonía celular móvil, y por el monopolio de Edcadassa. Intercedió para aliviar la deuda de Firestone con la D.G.I. y fue de los primeros en hablar de la reelección presidencial de Carlos Menen, dando la bendición al proyecto de continuidad y comenzando una época bautizada como de relaciones carnales entre el gobierno de Menem y Estados Unidos. En junio de 1993 Todman dejó de ser embajador después de cuatro años de gestión asegurando entre sonrisas, ante la consulta de los periodistas, que no había sido un Virrey. Lo reemplazó James Cheek quien se hizo conocido por haber sido fanático de San Lorenzo y utilizado agentes de fuerzas de seguridad para buscar a su tortuga perdida. Cheek estuvo a cargo de la embajada entre 1993 y 1996, desplegó una enorme tarea como lobista de varias empresas que operaban en la Argentina, como Ogden, American Airlines, Mattel, Azurix y Ciccone Calcográfica. No debe ser casual que si uno apela a la memoria para recordar nombres de embajadores de Estados Unidos en nuestro país, los dos que aparecen inmediatamente son Todman y Cheeck. Ambos, estuvieron durante el gobierno de Menem, mantuvieron un perfil alto de protagonismo, como si fueran políticos locales.

Si hay un traspaso emblemático que simboliza el proceso de desnacionalización en los años de Menem, fue la venta YPF, por entonces la más grande de las empresas públicas y la de mayor facturación en el país. En 1999 la española Repsol, que hasta entonces tenía el 15%, pagó 15 mil millones de dólares para obtener el 100% de las acciones de YPF. En esa operación el Estado argentino liquidó el porcentaje que le quedaba, que era el 5,3%. La injerencia española en la economía argentina se inició en 1990, con la compra de Telefónica y el traspaso de Aerolíneas a Iberia. Más tarde, capitales privados y estatales de la península ibérica, tomaron acciones en infinidad de empresas como, supermercados Norte, Tía y Día; Edesur, Edenor, Astra, Metrogas y banco Río, para nombrar solo algunas. La facturación de las empresas españolas en nuestro país llegó a ser, en el año 2000, de 20 mil millones de dólares/pesos anuales, el equivalente al 7% del Producto Bruto Interno argentino. En los 90 la Argentina estuvo en venta. Buena parte de sus bienes, sus tierras, empresas públicas y privadas fueron compradas en un proceso asombrosamente veloz. Una realidad es tan particular como única. La soberanía política y económica se ha desdibujado tanto que el economista Alan Rudy Dornbusch, profesor del Instituto de Tecnología de Massachusetts, sostuvo que la Argentina para salir de la crisis debe delegar el gobierno en manos de banqueros extranjeros. Cuando todo finalmente se derrumbó en el 2002, cuando la pesadumbre recayó sobre la conciencia de todos los argentinos, cuando la pobreza superó al 53% de la población, cuando aquel pasado de poderoso país industrial había quedado en un lejano e inalcanzable horizonte, la esperanza de sobrevida como país arrojaba ideas tan extravagantes como desesperadas. Ese año un historiador argentino, Roberto Cortes Conde, expuso en un congreso internacional sobre historia económica, que se realizó en Puerto Madero. Ahí planteó que la resolución de la crisis argentina podría darse a partir del sometimiento a la jurisdicción de otro país. Planteó que se debían firmar tratados con organismos financieros y con el grupo de los 7 países más desarrollados del mundo, para crear compromisos no derogables por el Congreso Argentino. Sería una forma, dijo Cortes Conde, de garantizar al ciudadano que sus ahorros estarán salvados de cualquier intencionalidad del gobierno de turno. Esta idea era la que pedían, en esos momentos, muchos grupos de bonistas extranjeros para resolver su conflicto con Argentina. Más aún, fue lo que funcionarios del palacio de economía escucharon por esos días en Japón, cuando tenedores de la deuda le exigieron al gobierno argentino vender tierras fiscales, como alguna vez lo hizo Bernardino Rivadavia desde la Presidencia de la nación, en el tristemente recordado empréstito de la Baring.

A partir de 2003 el panorama comenzó a revertirse con una lenta pero paulatina recuperación de la estructura industrial, sostenido desde políticas que alentaron el consumo interno como principal herramienta para el reverdecer de la producción local. Así se mantuvo con índices de crecimiento hasta el 2011 que, si bien las estadísticas señalan que no descendió la producción industrial, dejó de crecer. Con el regreso de las políticas neoliberales regresó la depresión. En 2016, el sector se contrajo cerca de un 6% con caída en casi todas las ramas. La mayor contracción de ese estuvo en los bienes de consumo durable y la menor caída en los bienes de consumo no durables y en los bienes de capital. En cuanto a los sectores industriales, el descenso del PIB sectorial fue liderado por las ramas de metales básicos, acero, automotriz, minerales no metálicos y la construcción. La indiscriminada apertura de importaciones, la baja del poder adquisitivo de los salarios afectando el consumo, y políticas que han beneficiado a sectores concentrados especialmente financieros, has determinado que en los últimos tres años argentina retrocediera hasta límites dramáticos su caída industrial.

Según un relevamiento oficial, publicado por el INDEC, el uso de la capacidad instalada en la industria se ubicó en diciembre del año pasado en sólo el 56,6%. O, lo que es lo mismo, que el 43,4% de la infraestructura industrial del país está paralizada. El registro de diciembre es el peor que se vio para la industria desde julio de 2002.