Con todos los bloques opositores votando en contra el oficialismo logró imponer su voluntad en la Legislatura Porteña al votar modificaciones al Sistema de Estacionamiento Regulado, una ley cuya aplicación se encuentra trabada judicialmente por un amparo que cuestiona los predios de la ciudad utilizados para ser las playas de remisión de vehículos en infracción. Desde el bloque Vamos Juntos se aclara que los predios destinados a tal fin son del dominio de la Ciudad, y por ello no forman parte de la concesión. Es decir, que los concesionarios no tienen sobre los predios ningún tipo de derecho. Aseguran que las modificaciones a la actual ley van en ese sentido, entendiendo que le dará al juez una herramienta para levantar el amparo. “El suelo es un bien escaso que debe ser regulado en forma eficiente por el estado”, destacó la diputada Cristina García para aclarar que es el “gobierno de la ciudad quien controla y está a cargo de las concesiones”.

No escapa al buen observador que ningún diputado con origen en el PRO argumentó a favor de la ley durante la sesión. Los miembros informantes fueron la titular de la Comisión de Transporte, Cristina García, y Maximiliano Ferraro. Los argumentos de los legisladores de Vamos Juntos no lograron convencer a ningún bloque opositor. Ni siquiera a los integrantes de Evolución, sus recientes socios en la alianza Cambiemos. Todos votaron en contra dejando el tablero con 34 votos a favor y 25 en contra. La negativa tuvo varios fundamentos. Marcelo Guouman (Evolución) aseguró que “las modificaciones no logran subsanar la inconstitucionalidad de la ley”. El socialista Roy Cortina ratificó el rechazo a la ley y subrayó que el plazo de 5 años de concesión “es una maniobra para eludir la necesidad de tener que llegar a los 40 votos”. Sergio Abrevaya (GEN) fue puntual al señalar que “esta ley deja al 40% de la ciudad con estacionamiento medido y al 100% con grúas”. María Rosa Muiño (Bloque Peronista) contabilizó que es la sexta ley que busca regular este tema y recordó que el mal funcionamiento de los concesionarios llevó a multarlos por 1 millón de pesos en 2017. Gabriel Solano (FIT) fue tajante al definir la ley como “un gran curro inconstitucional e irresponsable” .