En el marco de la causa donde se investiga supuestas irregularidades en el acuerdo de pago de deudas de la empresa Correo Argentino S.A. al Estado nacional, y atendiendo el pedido realizado el 21 de agosto pasado por la Cámara Federal de profundizar la investigación, este lunes el juez federal Ariel Lijo ordenó la realización de un «informe técnico contable» y solicitó le envíen el cuerpo principal del expediente del concurso. Lijo quiere saber los términos del acuerdo alcanzado en el concurso de acreedores y si los mismos representan algún tipo de abuso en el acuerdo logrado entre el Estado nacional y Correo Argentino.

La deuda de la empresa de los Macri con el Estado tiene su origen en la privatización del Correo Argentino, dispuesta en 1997. En 2001 llegó, por cánones impagos, a 296 millones de pesos. En 2003, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, el correo volvió al Estado Nacional. En 2016 el Gobierno y la empresa llegaron a un acuerdo de pago que fue objetado por la fiscal de la Cámara Comercial, Gabriela Boquín, por «abusivo y perjudicial» para el Estado: aseguró que la quita implicaba un 98,2 por ciento de la deuda porque no se le aplicaban intereses y así la condonación a la empresa alcanzaba los 4.227 millones de pesos. En forma paralela la justicia abrió en noviembre del año pasado, una investigación contra Laura Alonso, responsable de la Oficina Anticorrupción (OA), acusada de haber protegido a Mauricio Macri en el caso del Correo Argentino, donde están en juego intereses de la familia del Presidente. Un mes más tarde, en diciembre, Lijo llamó a indagatoria al ministro de defensa Oscar Aguad.