El odio es un capital político que marca estos tiempos. Explotarlo y alentarlo en provecho propio es una tendencia en la metodología de los sectores más conservadores y del propio gobierno. La Ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, soltó en las últimas horas una expresión en la que sutilmente defendió la portación de armas para defensa personal, o al menos no desalentó su tenencia.  

“El quiere andar armado que ande armado, el que no quiere que no a nde armado. La Argentina es un país libre”, comentó la ministra en diálogo con Puntal AM de la ciudad cordobesa de Río Cuarto. Lo cierto es que lejos de desalentar esa posibilidad, con la responsabilidad que conlleva el alto cargo en el que se desempeña, Bullrich al ser interrogada sobre la adquisición de un arma comentó que “la gente puede hacerlo”, y aunque aclaró que ella no lo recomienda no encuadró su mensaje hacia el desarme de la sociedad. En ocasiones, como esta, la clase política, en una actitud demagógica, repite lo que una franja de la sociedad quiere escuchar. Así, también, diluye sus responsabilidades.

En el país existen casi 1.6 millones de armas legales, incluidas las de las fuerzas de seguridad. Se estima que una cifra similar circula en forma clandestina. En los últimos años la nación y varias provincias encararon campañas de desarme. En 2014 el Registro Nacional de Armas (RENAR) y el Fondo de Naciones Unidas para la infancia (UNICEF) que logró retirar más de 161 mil dispositivos. En forma paralela venía funcionando desde julio de 2007 el programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego que había sacado de circulación 1,3 millones armas.

La declaración de la Ministra no es el único mensaje que ha dado el gobierno nacional en esta dirección. La defensa, asumida por ella y el propio Presidente Macri, del agente municipal Luis Chocobar que asesinó a balazos a un joven cuando escapada tras protagonizar un robo. El policía deberá afrontar un juicio oral acusado de homicidio.

Es bueno recordar para quienes pretendan utilizar un arma como defensa personal que el artículo 34 del Código Penal fija los márgenes de esa defensa propia o de sus derechos. Para que sea legítima deben existir tres condiciones: 1) que la agresión sea ilegítima 2) que haya una racionalidad entre el medio empleado para impedirla o repelerla y el acto delictivo, y 3) que aquel que se defiende no haya provocado previamente al agresor. De los límites que impone la legislación, a la hora de hablar de legítima defensa, se desprende que la misma no solo debe estar plenamente justificada, sino que debe ser proporcional al nivel de agresión reciba. La defensa no puede exceder la reacción normal justificada por la agresión sufrida.

Hay muchos antecedentes que se pueden encontrar en las crónicas policiales de los últimos años. Pero, hay un caso que fue el disparador de una extensa polémica social, que ocurrió el 16 de junio de 1990. Ese día, el ingeniero Horacio Anibal Santos se encontraba junto a su mujer, en una zapatería ubicada en la calle Nueva Cork del barrio de Villa Devoto. Escucho la sonar la alarma de su auto, corrió hacia él y vió como dos hombres escapaban en otro auto. Le habían robado el pasacasete. Su reacción inmediata fue perseguirlos. Cuando los tuvo a tiro, sin mediar palabra, los mató de un certero disparo en la cabeza a cada uno. Aquel hecho conmovió a la opinión pública y desató una polémica que giró alrededor de la actitud que había tenido el ingeniero. Santos nunca tuvo en riesgo su vida, los ladrones no estaban armados, ni tampoco lo habían amenazado, porque cuando le robaron el pasacasete no estaba dentro del auto. Sin embargo, y a pesar de estas consideraciones, una verdadera corriente de opinión desplegó argumentos a favor de la respuesta que había ejercido Santos. Muchos comunicadores y políticos, entre los que se encontró el propio ex Presidente Carlos Menem, defendieron al ingeniero.

En julio de 1995, finalmente la Cámara del Crimen lo sentenció a una pena en suspenso, imputándolo de exceso en la legítima defensa. Esa figura de exceso en el marco de un acto de defensa legítimo, fue utilizada por la justicia en muchos casos más, a partir del que protagonizó el ingeniero Santos. El otro costo que deben asumir quienes estén dispuestos a armarse con la posibilidad de matar, es el que devenga de la justicia civil. Santos fue demandado civilmente por las familias de las dos personas que mató, de apellido Aguirre una y González la otra. Los González llegaron a un acuerdo aceptando, como indemnización, una cantidad de dinero y un departamento de dos ambientes ubicado cerca del hospital Garrahan. Los familiares de Aguirre continuaron con su demanda reclamando un monto mayor que, en su momento, rondaba los 800 mil dólares. La ley establece que cuando un hecho ya fue probado en el juicio penal, como fue en el caso Santos, no puede cuestionarse en el proceso civil. Los argumentos de defensa de Santos, por lo tanto, fueron por otro lado. Primero, sus abogados, sostuvieron que el ingeniero no sabía lo que hacía; y, en todo caso, que Santos había sido tan responsable de lo que pasó como los hombres que lo provocaron robándole el pasacasete. El juez Ricardo Víctor Guarinoni, que actuó en primera instancia en la demanda civil, reflexionó señalando que el caso Santos dio pié a la vocinglería justificatoria de los autoritarios de siempre, que descreen del Derecho y buscan retrotraer a la sociedad a etapas que la civilización ha dejado de lado. Quien cree que puede defender sus derechos con un arma en la mano, se expone a gravísimas consecuencias