Por Claudio Leveroni

El rumbo maltrecho de la economía argentina, la pérdida de derechos, el desempleo creciente y la enorme pérdida de poder adquisitivo que sufre el bolsillo de los argentinos, están dejando poco margen para creer que el gobierno tenga alguna chance de transitar con éxito las elecciones de octubre. Analistas económicos, inclusive los más cercanos a la alianza gobernante, evalúan una inflación que puede oscilar entre el 35% y 40% para este año. La recomposición salarial será un foco de conflicto que asomará en cada paritaria. Transitaremos un 2019 con penurias y con no pocos escándalos fogoneados desde el oficialismo con la colaboración del partido judicial, que sigue enfrascado en encontrar en la administración anterior la encarnación del mal. El FMI pone su cuota de presión. Alienta el actual rumbo económico, mientras advierte que un revés electoral significará el fin de la ayuda económica que ha representado en los últimos tres años un brutal endeudamiento argentino al que gustosos se prestan como acreedores.

Con este escenario tan precario para garantizar la continuidad del modelo, no pocos adversarios de la alianza gobernante advierten que es de esperar maniobras turbias para ensuciar el proceso electoral. El presidente del PJ nacional, José Luis Gioja, aseguró tener “miedo al fraude” electoral, advirtiendo que los métodos que utiliza el gobierno “no son solamente políticos. Son capaces. Han hecho cosas peores”, apuntó el experimentado ex gobernador sanjuanino. No es el único que evalúa la posibilidad de una trampa. Alicia Castro también reflexionó en la misma dirección, incluyendo su propia sospecha sobre los resultados del 2015. Mencionó, especialmente, el escrutinio en Córdoba, provincia que entregó un espectacular triunfo de Macri sobre Scioli, que le permitió sacar una diferencia sustancial para ganar la presidencia. Las sospechas para el futuro se retroalimentan con el anuncio del secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, sobre la modificación del operativo electoral que en febrero será presentado a los partidos políticos. Hasta ahora son las autoridades de mesa quienes cuentan los votos y confeccionan un acta que son llevadas a centros de transmisión electoral, unos 400 locales del Correo Argentino, donde se escanean los telegramas y se transmiten las imágenes a un centro de cómputos.  La intención del oficialismo es que cada colegio se convierta en un centro de transmisión. Según comentó Pérez con los cambios se busca que todo el proceso electoral “sea más ágil”, hace hincapié en la celeridad como si esto en sí mismo diera seguridad de transparencia. El perito informático Ariel Garbarz ya advirtió sobre los riesgos de implementar un sistema de estas características por la posibilidad de hackeos e intervenciones. “Muy fácilmente se podría cambiar cada voto sin tocar las urnas, no se aplica en ningún país del mundo”.